Existen pedidos formales de intervención de siete municipalidades, pendientes de estudio en la Cámara de Diputados, efectuados por sus respectivas juntas de concejales (ver la infografía).
Se alcanzó dicha cifra recientemente cuando la Cámara Baja recibió el reclamo de que se intervenga el municipio de San Pablo, ex Kokuere, distrito de San Pedro. Su Junta Municipal denuncia irregularidades en la administración del intendente Antonio Peralta (Frente Guasu).
Un intendente preso
Entre los casos más particulares aparece la solicitud de intervención del distrito de Francisco Caballero Álvarez, ex Puente Kyjhá (Dpto. de Canindeyú). El jefe municipal de ahí electo en 2015, Néstor Ariel Araújo Gómez (ANR, cartista), fue acusado de malversar G. 8.000 millones y se dio a la fuga, pero fue capturado y actualmente es enjuiciado y está preso.
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La lista de peticiones de intervención incluye a los distritos de: Mauricio J. Troche (Guairá), cuya intendenta es Andresa Benítez (PDC); y Alberdi (Ñeembucú), administrada por Federico Centurión Acosta (ANR).
La nómina sigue con el intendente de Humaitá (Ñeembucú) Víctor Bordoli (ANR, cartista), imputado por supuesta apropiación de una ambulancia, hecho que derivó en la muerte de una bebé al no poder ser usado el vehículo. Igualmente se reclama intervenir la ciudad de Jesús de Tavarangue (Itapúa), que está a cargo del intendente Hernán Adolar Schlender (ANR, cartista).
La última en la lista es La Paloma (Canindeyú), administrada por Cristóbal “Kiko” Villalba (HC), hermano de la diputada Cristina Villalba (ANR).
El estudio de esos pedidos será retomado en marzo, al reinicio ordinario de sesiones. El año pasado, diputados aprobaron la intervención de Ciudad del Este y salvaron a intendentes de cinco distritos.
Una Junta de ediles también
Además de los siete pedidos para que la Cámara de Diputados intervenga cuestionadas administraciones de intendentes, también existe un reclamo para intervenir una Junta Municipal.
Se trata de la de Corpus Christi, distrito del departamento de Canindeyú. Un sector de los ediles de esa ciudad hizo la petición al Ministerio del Interior. Este ya remitió su dictamen favorable a la Cámara Baja para que lo analice. Según los concejales, la Junta Municipal se encuentra acéfala desde hace más de 26 meses debido a la disputa del cargo de presidente del colegiado en medio de chicanas judiciales interpuestas.