Secreto en Senabico sobre manejo de estancia de “Cucho” Cabaña

En un audio revelado ayer por ABC Cardinal se escucha a quien sería Hugo Ayala, encargado de la explotación turística de la hacienda “Nápoles” del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.

A Ayala se lo escucha decir que paga G. 4.500.000 mensuales por el alquiler de la lujosa hacienda. Según sus propias palabras, el contrato de explotación es de tres años y tiene seis meses “de gracia”, en los que no pagaría el monto correspondiente.

Ayala sería el propietario de una casa de venta de repuestos para automóviles.

Abordada al respecto, Karina Gómez, titular de Senabico, señaló a la 730 AM que la propiedad fue alquilada, pero por un precio de G. 7.500.000 mensuales y que supuestamente tienen potestad de aumentar el precio de alquiler si es que los arrendatarios logran rentabilizar la inversión.

“Se alquiló por G. 7.500.000 a los que eran administradores anteriores de Centu Cue, el lugar que estaba en Villa Florida. Es cierto que el contrato era por tres años, por lo que iban a invertir, pero no existe ese periodo de gracia como tal. Está la garantía depositada. Desconozco las voces (de la grabación)”, afirmó la ministra.

Sin licitación alguna

Gómez reconoció que la propiedad fue entregada sin que haya existido licitación alguna, pero justificó la cuestión debido a la falta de interés con la que se toparon.

“Estuvimos casi dos meses intentando alquilar, a través de ABC hicimos la convocatoria a las inmobiliarias para que se presenten para encontrar personas interesadas. Costó bastante porque todavía en nuestra cultura tienen miedo, entonces los grandes empresarios están dudando, no sabían si iba a ser rentable o no, y sobre todo la inversión y el mantenimiento que se tenía que hacer”, argumentó.

Niega documentos

Cuando a Gómez se le pidió al aire copia de los contratos de alquiler, se negó a entregar. Como justificación de su negativa, la ministra de la Senabico afirmó que en este caso se rigen por las reglas del derecho privado y no público.

“Se sabe; están en documentos, están en contratos y son auditables, pero estamos valorando hasta qué punto difundir para evitar una demanda. Yo estoy cuidando mis espaldas”, argumentó. Insistió en que supuestamente este tipo de contratos no se ven incluidos en las obligaciones de hacerse públicos según establece la Ley de Transparencia.

“Lastimosamente, necesito aclararte ese punto. No se rige, no es igual, son transacciones del sector privado que hasta cierto punto nomás podemos difundir, por respeto al tema de que son bienes de particulares, que existe la presunción de inocencia y que están ligados a la propiedad privada”, refirió la ministra.

Insistieron en que buscaron mejores precios y descartó la posibilidad de la venta, ya que –según dijo– “no se puede luego vender hasta que el juicio culmine. Si lo que en este caso tiene valor es el mantenimiento del lugar, eso lo que nos tenía costo muy alto”.

Justifica el secreto

Intentando justificar su argumento de no revelar datos, dijo que el dinero que ingresa en concepto de alquiler, si bien lo administra la Senabico, no corresponde al Estado. El dinero “mientras tanto queda congelado y queda en su bolsillo (de Cucho) si sale sobreseído”, afirmó.

La quinta está ubicada en la compañía Tacuaro de la ciudad de Juan E. O’Leary, Alto Paraná, y puede ser visitada por cualquier persona dispuesta a pagar la entrada de G. 20.000.

La propiedad forma parte de los bienes que fueron incautados al supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, detenido en setiembre pasado durante una serie de operativos conjuntos.

Además de la quinta, la Senabico tiene a su cargo una veintena de autos lujosos, todos propiedad de Cabaña.

La Senabico decidió que algunos de los rodados fueron puestos a disposición de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en una decisión que fue bastante cuestionada.

Transparencia cero

Ezequiel Santagada, director de la ONG IDEA, dedicada a la lucha por el Derecho de Acceso a la Información Pública, cuestionó las expresiones de Karina Gómez, titular de la Senabico. “Ya dijimos que hay señales claras de retroceso en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información. Este es apenas otro ejemplo más”, recordaron desde la ONG.