Según CGR, se sigue depredando dinero del Fonacide en varias municipalidades

El órgano superior de control (CGR) remitió al Ministerio Público reporte sobre nueve indicios de hechos punibles en ocho municipalidades de la República. Corresponde a rubros del Fonacide y de royalties por compensación, entregados a la administración de esas comunas para ejecución de obras en 2014 y 2015.

CGR pide al Ministerio Público que investigue la documentación acercada sobre los distintos casos, a fin de determinar la existencia de delito contra el patrimonio público y tomar las acciones legales correspondientes.

En el facsímil de al lado se observan los distintos casos, las municipalidades afectadas y los perjuicios económicos que se ocasionaron a la ciudadanía de esas comunas, quienes deberían ser los beneficiarios del dinero público. De acuerdo a los datos de CGR, el perjuicio en los ocho municipios fue de G. 672.775.018. Son nuevos casos de depredación del dinero público.

Se trata de obras encaradas por las citadas municipalidades en locales escolares. Entre ellos refacciones, construcciones, reparaciones, ampliaciones y mejoramiento de centros educativos, almuerzo y merienda escolar, etc.

Los indicios de hechos punibles fueron detectados tras verificación in situ de las obras ejecutadas en cada municipio, por parte de técnicos del órgano contralor.

Responsables

En el caso de la Municipalidad de Ñumí, departamento de Guairá, afecta a la administración del intendente Elvio Cáceres (PLRA); Comuna de José Fassardi, a Eduardo Torres Ríos (PLRA); Nueva Londres, Teodocio Arias (Unace); Gral. Delgado, Florentín Benítez (PLRA); La Pastora, Derlis Andrés Martínez Arias (PLRA); General Garay, Julio César Pereira (ANR); San Juan Nepomuceno, Albertano Reyes (ANR); y Atyrá, Martín Muñoz (PLRA).

Fonacide es un fondo de desarrollo creado por Ley 4758/12 para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de la entidad binacional Itaipú al Brasil.

Por lo menos el 50 por ciento de los fondos transferidos a gobiernos departamentales y municipales deberá destinarse a proyectos de infraestructura en educación: construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. Los recursos deben ser rendidos cuatrimestralmente ante la CGR.