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La norma tiene por objeto resguardar la vida de los bomberos voluntarios y sus familiares. Para ello se establece un seguro de vida contra todo riesgo.
Para los casos de enfermedad, se dispone que los afectados tendrán atención médica gratuita en todos los centros asistenciales del Estado hasta su recuperación. En los casos de emergencia, también están obligados los sanatorios privados. Además, se obliga al Estado a proveer todas las prótesis que sean requeridas.
En caso de muerte, la cónyuge y los familiares menores serán indemnizados con una pensión de 500 jornales mínimos.