El punto principal es la apertura de un sumario administrativo “a modo de dilucidar si los hechos pudieran o no configurarse como irregularidades o faltas al ordenamiento legal y vigente”, indica el documento.

Asimismo, Contrataciones Públicas también hizo otras recomendaciones, aunque de aspecto más técnico, informó la ministra Teresa Rojas a ABC Cardinal.

Entre estas, por ejemplo, se plantea detallar los costos de cada rubro del servicio de seguridad para diferenciar cuánto se paga realmente por la cobertura del personal de seguridad y separarlo de lo que se paga por seguridad tecnológica, como cámaras de seguridad, según había anunciado el titular de la DNCP, Pablo Seitz.

Por su parte, Carlos Arregui explicó que el sumario es lo que corresponde en términos legales para poder aclarar la cadena de responsabilidades involucradas en el proceso cuestionado.

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