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El proyecto de ley “de publicación de encuestas electorales” fue elaborado por el Frente Guasu en julio de 2017. Recientemente fue consensuado con un texto similar de la bancada del PLRA, presentado en mayo último tras las elecciones generales.
El texto obtuvo media sanción en la víspera y fue remitido a Diputados para su revisión. El tratamiento y votación duró menos de cinco minutos. Se realizó a mano alzada y ningún legislador se pronunció en contra.
La propuesta fue aprobada en reacción a los diversos resultados que arrojaron diferentes encuestadoras días antes a las elecciones generales de abril de 2018.
Viola la Constitución
El proyecto aprobado viola el artículo 26 de la Constitución que prohíbe al Congreso redactar cualquier ley que imposibilite o restrinja la libre expresión o libertad de prensa. Puntualmente, la propuesta legislativa prohíbe a los medios de comunicación difundir bocas de urnas hasta las 13:00 el día de votación, ya sea explícitamente o con insinuaciones o nombres código.
También establece multas de entre G. 390 y G 680 millones a cualquier encuestadora que no esté registrada o no remita a la Justicia Electoral todos los datos técnicos del sondeo, cinco días antes de la publicación en un medio.
El texto no aclara si las multas se aplicarán al medio que difunde el sondeo o a las encuestadoras. También exige que los sondeos de opinión en programas de TV o sitios web consignen la frase: “Los resultados de esta encuesta son referenciales y no tienen sustento científico”.
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) manifestó ayer que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que tendrá a su cargo aplicar la ley en caso de aprobarse, pidió eliminar el artículo que incluía las elecciones en organizaciones intermedias (comisiones y clubes, etc.) porque sería de imposible cumplimiento.