Por amplia mayoría, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que castiga con prisión de dos a cinco años a los beneficiarios de la reforma agraria que vendan sus derecheras. También se castiga a quienes adquieren las tierras, los intermediarios y los funcionarios del Estado que faciliten o fragüen los documentos. El proyecto se remite ahora a la Cámara de Diputados para su estudio.