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El texto aprobado de la ley tuvo modificaciones de forma respecto al proyecto original, pero la principal modificación fue la de reducir la pena prevista para el poseedor, ocupante, solicitante o adjudicatario de lotes agrícolas, ganaderos o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, que por sí o valiéndose de otro transfiera a un tercero sus derechos y acciones en contravención a las restricciones previstas en el estatuto agrario. La propuesta original era pena privativa de libertad de cuatro a ocho años y se redujo a dos o cinco años.
La normativa, que ahora debe ser analizada en la Cámara de Diputados, prevé también el mismo castigo para el que adquiera derechos y acciones de algún inmueble en contravención del estatuto agrario. La adquisición será nula de pleno derecho y el adquiriente perderá también derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas.
Igualmente castiga con pena de dos a cinco años al que con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, en contravención de las restricciones establecidas en el estatuto agrario.
Finalmente, el proyecto de ley prevé la misma cantidad de años de cárcel para el funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la transferencia de los lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria. En este último caso, también será castigada la tentativa.
Argumentaron a favor de la aprobación el liberal Miguel Abdón Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Duarte, presidente de la comisión de Legislación. Saguier destacó que la prohibición de enajenar propiedades del Estado sujetas a la reforma agraria ya figura en el estatuto agrario, pero no establece penas para su incumplimiento, por lo que la ley aprobada ayer viene a llenar un vacío legal.
Destacó además que los beneficiarios de tierras del Estado tienen una serie de obligaciones, también establecidas en el estatuto agrario.
Pidieron postergar
El senador colorado Hugo Estigarribia planteó al inicio del estudio del proyecto de ley la postergación por una semana, señalando que quería introducir algunas modificaciones.
Por su parte, el senador liberal Alfredo Jaeggli planteó la postergación por tiempo indefinido, señalando que las comisiones no consultaron a sectores involucrados y afectados por la ley, entre las que mencionó la Federación Nacional Campesina y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, la propuesta perdió por amplia mayoría. Varios senadores, entre Silvio Ovelar (ANR), alegaron que ya se postergó el tratamiento el año pasado y hubo mucho tiempo para su estudio en comisiones.
Solamente cinco en contra
La votación sobre el proyecto de ley que castiga la venta de “derecheras” fue a mano alzada, por lo cual no quedó registrado con precisión quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Sin embargo, pudo notarse que, además del liberal Alfredo Jaeggli, tampoco votaron a favor de la normativa los colorados Gregorio Areco (quien argumentó en contra) y Hugo Estigarribia (quien planteó la vuelta a comisión). Igualmente, no acompañaron el proyecto los oficialistas Sixto Pereira (Tekojoja) y Samuel García (PPS). Tras confirmarse la aprobación, Jaeggli se puso de pie e increpó a viva voz a sus colegas, se tomó con su par Luis Wagner y luego se retiró de la sala de sesiones.
Esta ley no tendrá virtualidad, afirman
El senador liberal Alfredo Jaeggli, quien desde un principio se opuso férreamente a la aprobación de la ley que castiga con cárcel la venta de “derecheras”, dijo que aunque la ley sea finalmente sancionada, no tendrá ninguna virtualidad. Afirmó que ningún campesino irá preso por incumplir esta normativa, ya que será imposible probarlo. Consideró que para lo único que servirá es para que algunos funcionarios puedan “coimear” a los agricultores, con la amenaza de denunciarlos.
Sobre su abrupto retiro de la sala de sesiones, dijo que no valía la pena quedarse, porque ni siquiera le iban a permitir hablar, ya que se aprobó muy pronto el cierre del debate.
Jaeggli sostuvo que era “una barbaridad” que se lleve preso cinco años a alguien por vender sus tierras, como si fuera un violador o un peligroso delincuente.
Apuntó que, más allá de la pena establecida, lo preocupante es la filosofía del proyecto que tiene un criterio autoritario.
Señaló además que los parlamentarios paraguayos tienen una grave confusión, ya que creen que deben defender al Estado cuando en realidad deben defender a las personas del abuso del Estado.
Jaeggli expresó que tenía escasas expectativas de que los diputados rechazaran el proyecto. Igualmente veía difícil que el Poder Ejecutivo se animara a vetarlo debido a la tensa situación política.
La normativa, que ahora debe ser analizada en la Cámara de Diputados, prevé también el mismo castigo para el que adquiera derechos y acciones de algún inmueble en contravención del estatuto agrario. La adquisición será nula de pleno derecho y el adquiriente perderá también derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas.
Igualmente castiga con pena de dos a cinco años al que con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, en contravención de las restricciones establecidas en el estatuto agrario.
Finalmente, el proyecto de ley prevé la misma cantidad de años de cárcel para el funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la transferencia de los lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria. En este último caso, también será castigada la tentativa.
Argumentaron a favor de la aprobación el liberal Miguel Abdón Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Duarte, presidente de la comisión de Legislación. Saguier destacó que la prohibición de enajenar propiedades del Estado sujetas a la reforma agraria ya figura en el estatuto agrario, pero no establece penas para su incumplimiento, por lo que la ley aprobada ayer viene a llenar un vacío legal.
Destacó además que los beneficiarios de tierras del Estado tienen una serie de obligaciones, también establecidas en el estatuto agrario.
Pidieron postergar
El senador colorado Hugo Estigarribia planteó al inicio del estudio del proyecto de ley la postergación por una semana, señalando que quería introducir algunas modificaciones.
Por su parte, el senador liberal Alfredo Jaeggli planteó la postergación por tiempo indefinido, señalando que las comisiones no consultaron a sectores involucrados y afectados por la ley, entre las que mencionó la Federación Nacional Campesina y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, la propuesta perdió por amplia mayoría. Varios senadores, entre Silvio Ovelar (ANR), alegaron que ya se postergó el tratamiento el año pasado y hubo mucho tiempo para su estudio en comisiones.
Solamente cinco en contra
La votación sobre el proyecto de ley que castiga la venta de “derecheras” fue a mano alzada, por lo cual no quedó registrado con precisión quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Sin embargo, pudo notarse que, además del liberal Alfredo Jaeggli, tampoco votaron a favor de la normativa los colorados Gregorio Areco (quien argumentó en contra) y Hugo Estigarribia (quien planteó la vuelta a comisión). Igualmente, no acompañaron el proyecto los oficialistas Sixto Pereira (Tekojoja) y Samuel García (PPS). Tras confirmarse la aprobación, Jaeggli se puso de pie e increpó a viva voz a sus colegas, se tomó con su par Luis Wagner y luego se retiró de la sala de sesiones.
Esta ley no tendrá virtualidad, afirman
El senador liberal Alfredo Jaeggli, quien desde un principio se opuso férreamente a la aprobación de la ley que castiga con cárcel la venta de “derecheras”, dijo que aunque la ley sea finalmente sancionada, no tendrá ninguna virtualidad. Afirmó que ningún campesino irá preso por incumplir esta normativa, ya que será imposible probarlo. Consideró que para lo único que servirá es para que algunos funcionarios puedan “coimear” a los agricultores, con la amenaza de denunciarlos.
Sobre su abrupto retiro de la sala de sesiones, dijo que no valía la pena quedarse, porque ni siquiera le iban a permitir hablar, ya que se aprobó muy pronto el cierre del debate.
Jaeggli sostuvo que era “una barbaridad” que se lleve preso cinco años a alguien por vender sus tierras, como si fuera un violador o un peligroso delincuente.
Apuntó que, más allá de la pena establecida, lo preocupante es la filosofía del proyecto que tiene un criterio autoritario.
Señaló además que los parlamentarios paraguayos tienen una grave confusión, ya que creen que deben defender al Estado cuando en realidad deben defender a las personas del abuso del Estado.
Jaeggli expresó que tenía escasas expectativas de que los diputados rechazaran el proyecto. Igualmente veía difícil que el Poder Ejecutivo se animara a vetarlo debido a la tensa situación política.