Un cúmulo de denuncias presentaron ante el Senado, en el 2014, miembros del Frente Ciudadano de Ciudad del Este.
Entre otros puntos, se destacan irregularidades en el uso del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) y la enajenación y venta irregular de 9 hectáreas de tierras expropiadas a favor de la Municipalidad. También mencionan manipulación de jueces para que solo el Tribunal de Cuentas analice sus rendiciones anuales, impidiendo la intervención de la Contraloría General de la República.
Las acusaciones son contra la intendenta esteña, Sandra McLeod de Zacarías, y su marido, Ernesto Javier Zacarías Irún, que también fue jefe comunal de Ciudad del Este entre el 2001 y el 2007 y ahora es senador cartista.
Ante tantas denuncias, en el Senado se conformó una comisión especial de investigación, presidida por Blanca Fonseca (PLRA) y a Pedro Santa Cruz (PDP). Se requirieron informes a la Contraloría General de la República, la Dirección General de los Registros Públicos, la Municipalidad de Ciudad del Este, entre otras instituciones.
Sin merienda escolar
Según respondió la Contraloría, un estudio especial realizado sobre el periodo 2013 determinó que la Municipalidad esteña “no ejecutó el 30% del Fonacide destinado para financiar almuerzo escolar por un total de G. 3.912.482.449”, alegando que se había reprogramado el monto para su uso en el 2014.
Venta irregular
Respecto a la venta irregular de tierras, la intendenta Sandra McLeod de Zacarías remitió documentos que prueban la transacción con la empresa Royal Investment, que por poco más de un millón de dólares se quedó con un inmueble expropiado a favor de la Municipalidad en 1990 para fines sociales. Lo hizo el zacariista Miguel Ángel Coronel, que fue intendente durante algunos meses en el 2010.
Los documentos también confirmaron que los Zacarías habían logrado que solo el Tribunal de Cuentas analice su administración municipal.
Tres dictámenes emitieron desde la comisión. Tienen sello de entrada de octubre y noviembre de 2014. Dos recomiendan que la comunidad y la intendenta dialoguen. El tercero, de Santa Cruz, pide que intervengan la Fiscalía de Delitos Económicos, la Contraloría y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Llamativamente, los dictámenes se “congelaron” y los senadores nunca volvieron a tratar el tema.
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