La Cámara de Senadores, presidida por Fernando Lugo (Frente Guasu), analizó ayer un total de 29 pedidos de ampliaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017. Los legisladores destacaron que la mayoría de las peticiones ya eran contempladas en el presupuesto vetado por el presidente Horacio Cartes. (Ver la infografía).
Sin embargo, Desirée Masi (PDP) expresó que las ampliaciones a ministerios del Ejecutivo solo obedecían a contrataciones masivas con miras a las internas de la ANR previstas para el 17 de diciembre.
En primer punto el Senado sancionó y remitió al Poder Ejecutivo un total de 20 ampliaciones por valor de G. 163.125 millones. De esa cifra, G. 50.000 millones fueron destinados al presupuesto 2017 de la Justicia Electoral, para organizar las elecciones internas y generales.
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Los senadores también aprobaron, casi sin debate, un préstamo internacional por US$ 182 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar un plan de distribución del servicio de la ANDE en el área metropolitana.
No obstante, sí hubo una oposición férrea al tratarse un préstamo de US$ 20 millones para el Ministerio del Interior, ya que la oposición sostiene que dicho crédito sería malversado, en complicidad con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según opositores, casi todo el dinero se gastará en administrar el monto, consultorías y capacitación.
Denunciaron además que no se harán compras de equipamiento para policías. Finalmente el tratamiento fue postergado por ocho días.
Eliminan pagos
Un debate particular se produjo con dos ampliaciones que fueron modificadas y devueltas a la Cámara de Diputados bajo duros cuestionamientos. El IPS pedía un aumento para este año de G. 716.487 millones y el BNF G. 27.250 millones.
En el caso del Instituto de Previsión Social, los senadores denunciaron que brinda un pésimo servicio al asegurado, sin ascensores ni turnos médicos o medicamentos. Por ello eliminaron del monto G. 15.000 millones destinados a pagar a empresas de “seguridad privada” y otros G. 7.000 millones en “indemnizaciones”.
En el caso del Banco Nacional del Fomento, eliminaron G. 15.000 millones destinados a pagar “retiros voluntarios”. La senadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), titular de la Comisión de Hacienda, denunció que este rubro se está volviendo un negociado creciente en todas las instituciones públicas. El estudio se produjo de 10:00 a 14:00 en sesión ordinaria en el salón de la Cámara Baja.