Para aprobar el pedido de desafuero del imputado senador “Payo” Cubas se necesitaban 23 votos y solo fue apoyado por 9 senadores, entre cartistas, llanistas y Fidel Zavala (PQ).
En tanto, 14 votaron en contra del pedido y 6 legisladores, entre ellos el mismo Cubas, se abstuvieron.
La solicitud del juez de Garantías de Ciudad del Este Carlos Vera fue en el marco de la causa iniciada en setiembre de 2016 contra Paraguayo Cubas Colomes, que entonces no era senador, el concejal Celso “Kelembu” Miranda y el actual diputado de Cruzada Nacional Jorge Brítez. Este último fue despojado de sus fueros en la misma causa.
El senador Cubas dijo a sus colegas que hicieran “lo que les venga en gana”, pero advirtió que el pedido se basaba en la Ley 323 “De garantía de fueros”, del año 1955, ya derogada e inconstitucional. Indicó además que no tenía ninguna confianza en el trabajo de la fiscalía dirigida por Sandra Quiñónez, a quien calificó de delincuente, señalando que otorga impunidad a gente como Javier Zacarías Irún y a su esposa, la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, pese a las numerosas pruebas de corrupción que existen sobre ellos.
Cubas dijo que la fiscala Leiva, quien está a cargo de la unidad 2 de la fiscalía en Ciudad del Este, es esposa del secretario de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías. Se ratificó en que la agente fiscal es una “ladrona”, tal como escribió en la oficina de la funcionaria.
Señaló además que no hubo destrucción dentro de esa sede fiscal, tal como dice la acusación fiscal, sino una mera pintata de las mamparas.
Los senadores Desirée Masi (PDP) y Stephan Rasmussen (PPQ) coincidieron en que no correspondía hacer lugar al desafuero por basarse en una ley derogada y por los indicios de que se trataría de una politización de la Justicia.
El senador colorado cartista Enrique Riera fue el único que fundamentó a favor de aprobar el desafuero de Cubas. Señaló que sus colegas eran muy permisivos con él, pese a que continuamente les faltaba el respeto y que el delito que se le atribuía no era menor y no se le podía consentir a alguien que ejerce de abogado.
