El proyecto de Estigarribia plantea que el Senado pida informe al Ejecutivo sobre el comisionamiento de militares en servicio activo y que están cumpliendo “funciones administrativas” en los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Defensa y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Solicita “detallar la lista del personal comisionado”, su grado, jerarquía en las FF.AA. y las funciones que están ejerciendo en las referidas dependencias estatales. Asimismo, “describir detalladamente” los salarios que reciben, explicando si las personas comisionadas “siguen percibiendo su salario de personal militar” o “el salario correspondiente al cargo administrativo respectivo”, así como bonificaciones, gratificaciones y otros ingresos.

Esta propuesta del parlamentario opositor obedece a la presencia de varios militares en cargos públicos, como en el MOPC, donde el mayor de Justicia Militar (JM) Gustavo Dávalos es secretario general; el teniente coronel JM José Domingo Durán, asesor jurídico, y el capitán Mario I. Sanabria, jefe de gabinete. En la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa, el coronel Rufino Álvarez M. fue designado “jefe de operaciones”, un cargo de reciente creación, y en la Senad, el capitán JM Sebastián Scavone es director de asuntos jurídicos.