/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/RW32OFUGIJH65ALXK6GWMWEY3U.jpg)
Cargando...
El acusado senador cartista Bogado dilata su proceso por estafa (en calidad de autor) y cómplice del cobro indebido de honorarios de la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana Venialgo.
La mujer tenía salario en la Cámara de Diputados y la Itaipú, pero era planillera. También fue incluido en el caso el exdirector de gabinete de Bogado, Miguel Ángel Pérez.
Esta causa se llegó a elevar a juicio oral hace unos años, pero la Cámara de Apelaciones anuló ese fallo. La Sala Constitucional de la Corte cajoneó el expediente por casi dos años y ahora corrió traslado a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz para que se expidan sobre una chicana que todavía debe resolver el alto tribunal. Está pendiente la confirmación del juez Óscar Delgado, lo que traba que se realice la audiencia preliminar.
El ministro Antonio Fretes, presidente de la Sala Constitucional de la Corte, corrió traslado de una acción de inconstitucionalidad que fue presentada el 30 de setiembre de 2016 por el legislador colorado, tras diez urgimientos del Ministerio Público.
De los 45 senadores, quedan cuatro legisladores con proceso penal: el acusado Víctor Bogado (ANR, cartista) y los imputados Salyn Buzarquis (PLRA), Jorge Oviedo Matto (Unace) y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional). Se le excluye al imputado senador colorado cartista Óscar González Daher, quien presentó renuncia.
“Mecánico de oro”
Miguel A. Carballo, alias “Mecánico de Oro”, sería supuesto testaferro de Bogado. La justicia le está ayudando tal vez por su padrinazgo político. Mañana debe declarar.
Otra “niñera” del legislador
El acusado senador colorado cartista Víctor Bogado está vinculado a otro caso judicial. Su doméstica o “niñera”, Cynthia Centurión Amarilla (quien trabaja de cerca con su esposa, Guadalupe Aveiro) figuraba como supuesta inscriptora del Registro Electoral con sede en Lambaré.
La fiscala de Delitos Económicos Claudia Morys desestimó el 27 de junio pasado una denuncia por presunto cobro indebido de honorarios. Una investigación periodística demostró lo contrario.