El proyecto de estado de excepción en Amambay (frontera seca con Brasil) no obtuvo los votos necesarios (mitad más uno de los presentes) para aprobar durante la sesión ordinaria de ayer la iniciativa legislativa y por ese motivo se remitió al archivo. La propuesta fue planteada tras el terrible asesinato en la vía pública de Rafaat en Pedro Juan Caballero.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Fernando Lugo (Frente Guasu), sugirió rechazar la propuesta, ya que desde el 2013 el Ejecutivo dispuso, por decreto, que las fuerzas militares, policiales y de la Senad realicen operaciones de combate para la defensa interna en tres departamentos: Amambay, San Pedro y Concepción.
“Fiesta de narcos”
La senadora Esperanza Martínez, líder del FG, aclaró que no acompañaron la propuesta del liberal porque considera que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debe estar acampada en la zona para brindar seguridad en una región donde “se desencadena una fiesta de narcos que toman la ciudad con total impunidad”.
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El senador liberal Miguel A. Saguier defendió la propuesta de su correligionario y alegó que los miembros de la FTC que se encuentra en la zona, mediante el decreto presidencial, no pueden realizar detenciones de los sospechosos por narcotráfico, porque sus funciones están limitadas. Por ese motivo acompañaba la aprobación de la iniciativa de Silva F.
Al momento de la votación se necesitaba mayoría simple de los presentes. Solo cuatro senadores votaron a favor: los liberales Saguier, Silva Facetti, Blanca Lila Mignarro y Ramón Gómez Verlangieri. Ante la falta de votos suficientes para su aprobación (15), la propuesta legislativa fue rechazada y archivada.
Ascenso para policías
Por su parte, los senadores otorgaron el acuerdo constitucional para el ascenso de tres policías.
Fue otorgado el grado de comisario principal a Juan José Alonso Meza, Derlis Leodegar Duarte Orlando y Félix Daniel Benítez Núñez.
La senadora Desirée Masi, líder del bloque del Partido Democrático Progresista (PDP), manifestó que su bancada no acompaña ningún pedido de ascenso de efectivos policiales y militares, porque dentro de las filas de dichas instituciones existen hechos irregulares como detención de agentes o militares sin contar con elementos fehacientes y suficientes.