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El reporte enviado en mayo de 2018 a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público dice que, conforme al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el perfil transaccional de García era de un poco más de G. 25 millones. Sin embargo, en el mes de agosto de 2017 las cuentas registradas a nombre del mismo tuvieron “movimientos financieros que no guardan relación con el giro de su actividad económica y no se ajustan al perfil transaccional y económico de su actividad”. Además se menciona que el cliente no ha proveído documentación que justifique razonablemente el origen de los fondos, refirió el ROS.
El documento de la Seprelad puntualiza que el mes y año señalados más arriba (agosto de 2017) García depositó en su cuenta la suma de G. 320 millones en efectivo. El origen de este monto es lo que la fiscala Victoria Acuña investiga y para ello abrió una carpeta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los antecedentes refieren que entre los años 2012 y 2017 el contralor depositó en sus cuentas bancarias la suma de G. 4.462.355.395. Sin embargo, durante ese mismo periodo declaró ante la SET que tuvo un ingreso de G. 1.520 millones. Es por eso la diferencia de G. 2.942 millones, entre lo declarado ante Tributación y lo depositado en los bancos, dice el informe que está en poder de la Fiscalía.
Según Seprelad, García declaró ante la SET que tuvo un ingreso de G. 163 millones. Empero, el mismo año depositó en sus cuentas bancarias G. 1.004 millones, lo que arroja una diferencia de G. 840.968.045 que no declaró al fisco. Esta situación se repite en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
Por otro lado, también se reportó que García es socio de la empresa “6 de Abril” SA, que se constituyó el 9 de agosto de 2016 y tiene como actividad principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Su capital es de G. 1.000 millones y hasta la fecha declaró ante la Subsecretaría “sin movimiento”.
El contralor es socio en la referida empresa con el abogado Núñez, quien es el director jurídico de la Contraloría a cargo de García.
García fue procurador general, desde setiembre de 2008 hasta junio de 2012, durante el gobierno de Lugo. Fue además presidente del Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI). Posteriormente, se dedicó a la actividad privada y llegó a ser director jurídico de la Comuna de Asunción, hasta que fue nombrado contralor general por el periodo 2016-2018 y asumió el cargo el 3 de noviembre.
Juicio político, pendiente
En el Senado está pendiente el juicio político al contralor Enrique García, quien había sido acusado por mal desempeño por la Cámara de Diputados. Algunas negociaciones con legisladores liberales, cuyos parientes y operadores fueron nombrados en la Contraloría, habrían permitido que el caso sea cajoneado.
El proceso penal también se trabó, debido a que la Corte confirmó que García solo podrá ser procesado por uso de documento falso, una vez que sea removido de su cargo.