Siguen impunes por caso audios

Los exsenadores imputados Óscar González Daher (ANR, cartista) y Jorge Oviedo Matto (Unace), y el abogado Carmelo Caballero siguen impunes, a casi tres meses de la filtración de los primeros audios. Solo el “brazo derecho” de González Daher y secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el abogado Raúl Fernández Lippmann está preso en Tacumbú desde el 11 de enero pasado.

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Los audios filtrados destaparon una serie de turbios manejos y connivencia entre jueces, fiscales y un sector del cartismo. El puesto de comando era el JEM durante la presidencia de González Daher, siendo su brazo ejecutor Fernández L. En uno de los audios, González Daher pide torcer la decisión de una jueza en un caso que implicó al colorado Walberto Zárate, concejal de Mariano Roque Alonso. La transcripción del audio expresa en una parte: “Ahí hay un tema de mi amigo Walberto Zárate, verdad, y... yo hablé la otra vez con Talavera y ¿en qué me podés ayudar, jueza? Véna un poco en qué podemos ayudarle, ¿entendés? Que siga el juicio, todo lo que quieras; lo único que él tiene que moverse para poder ganar algo... uhm”.

Audio Oviedo Matto 

La fiscala Casse Giménez reveló que el senador Oviedo Matto le pidió dinero. El legislador, quien renunció al JEM y al Senado antes de perder su investidura, reconoció un audio de voz, pero negó la citación en un banco. “Casse, amanecé mañana en el banco, yo te voy a solucionar...”., dice el exsenador. El proceso es el de un barrabrava de Olimpia, Fernando Rubén Ayala Barrios (24 años), y que tiene todas las características de una maniobra en las altas esferas porque es amigo del hijo del fiscal general Javier Díaz Verón. Casse llevaba la causa y en su ausencia, su colega Karina Giménez levantó una orden de detención y cambió la calificación.

Carmelo Caballero

El abogado Caballero hablaba con Fernández Lippmann sobre la Secta Moon. Dijo que estuvo en un yate con José Ortiz, socio comercial del presidente Horacio Cartes. 

Mencionó que el gerente de Tabesa SA quería pagar por imputaciones a quienes atropellaron el Congreso el 31 de marzo pasado.

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