El síndico de quiebras del Poder Judicial, Carlos Andrés Couchonnal, justificó con una herencia de su padre la residencia de US$ 800.000 estrenada junto a su esposa, la fiscala de la niñez Fátima Escobar Sarubbi, en el año 2015. El inmueble es una de las varias propiedades que tiene el funcionario judicial según el abogado Pablo Díaz Guerrín, quien lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito la semana pasada.
La denuncia contra Couchonnal es por “supuesto desacato, frustración de la ejecución individual, lavado de dinero, cobro indebido de honorarios y enriquecimiento ilícito”. “Incluye a la señora, por cómplice”, remarcó Díaz Guerrín.
“Mi casa es de 800.000 dólares, el título era de mi padre y él dona a mis hijos; esta propiedad figura a nombre nuestro en Catastro porque no pueden tener información de menores de edad. Y mi esposa y yo somos los que tenemos la patria potestad. Es una donación y otra vez se constituye un usufructo vitalicio para que tampoco nuestros hijos nos puedan echar”, sostuvo Couchonnal durante una visita a nuestro diario para hablar sobre la denuncia que afronta.
La residencia está ubicada en el barrio Mburicao de Asunción y, ante la consulta de si fue heredada así de lujosa, Couchonnal dijo que “obviamente le hemos hecho algunos arreglos, se cambió el portón, se pintó de vuelta, hubo reformas. Es una casa que vale, que para mí es una gran satisfacción que no hubiera sido posible si no fuera por la ayuda de mis padres”.
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Sobre la vida de lujos, el lavado de dinero y las cuentas bancarias que el denunciante refiere, el funcionario judicial señaló que el escrito está plagado de falsedades y no menciona un hecho siquiera. En cuanto al supuesto desacato de una sentencia judicial de pago G. 2.500 millones a una cliente de Díaz Guerrín, Couchonnal señaló que se abonó dicho importe. “Lo que él quiere es cobrar adicionalmente G. 2.000 millones de intereses, que yo sí discutí porque no hizo reserva y además fue un negocio de riesgo”, explicó.
Dijo que los G. 1.000 millones en bienes que le cuestionó la Contraloría en el 2007, acumuló estando fuera de la función pública y el fiscal René Fernández desestimó la denuncia.