La recomendación de Contraloría, a cargo de Óscar Rubén Velázquez, está dirigida al Ministerio de Obras Públicas, Secretaría Nacional de Cultura, Secretaría Nacional de Turismo, a gobernaciones y municipios.
La verificación técnica constató que los sitios históricos de la Guerra de la Triple Alianza se encuentran abandonados, olvidados y con pésimos caminos de acceso. Los objetivos específicos de la auditoría son obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes que sirvan de base para emitir una opinión sobre las situaciones encontradas en cuanto al cumplimiento legal, ambiental, histórico, cultural y gestión de los entes de aplicación y control.
Las principales conclusiones de los trabajos realizados apuntan a que la mayoría de los sitios históricos se encuentran en propiedades privadas, unos pocos pertenecen al Estado y a la Iglesia; en su mayoría los caminos de acceso son de tierra, en malas condiciones e inaccesibles en días de lluvia; los caminos de acceso en propiedades privadas se encuentran cerrados con cimbras y portones y algunos candadeados; la señalización que existe es escasa y deficiente; los monolitos o monumentos que indican lugares históricos se encuentran en malas condiciones, con falta de mantenimiento y cubiertos por la vegetación.
Igualmente, se constató que los museos que exponen piezas relativas a la guerra no cuentan con sistemas de seguridad contra robos e incendios; en numerosos sitios se lleva adelante la búsqueda de elementos de guerra en forma clandestina, sin intervención de la Secretaría de Cultura, con posterior venta de los mismos a terceros.
En general se desconocen la procedencia y cantidad de visitantes a los sitios históricos, resalta el informe.
Refiere que la Secretaría Nacional de Cultura no posee inventario ni registros del acervo de los museos existentes en la zona; la mayoría de los sitios nunca fue visitada por representantes de los entes competentes en lo histórico y cultural, tales como la Secretaría Nacional de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Defensa. Tanto los propietarios como las autoridades no conocen los alcances de la Ley 946/82 “De Protección a los Bienes Culturales”, concluye.