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“El día de hoy (por ayer) he sido sobreseido en la causa con la que quisieron “domesticarme” en el periodo pasado. Triunfó la verdad contra la infamia, gracias a todos por el aliento y apoyo”, dijo.
Carlos Amarilla se refirió así a la imputación que le cursó la fiscala Victoria Acuña desde el 30 de mayo de 2017, acción que fue tildada de represalia del gobierno de Horacio Cartes y del Senador Blas Llano (PLRA), por los sucesos del 31M y el atraco policial a la sede del PLRA.
Tras la llegada al poder del presidente Mario Abdo Benítez (ANR), el mandatario eligió a Amarilla como asesor político pero este último renunció ante las críticas y dio a entender que le ofrecerían un nuevo cargo.
En una entrevista previa, Amarilla sostuvo que fue imputado en mayo de 2017 por la fiscala Victoria Acuña, como mecanismo de “apriete” del gobierno de Horacio Cartes en represalia a su rechazo al proyecto de enmienda mau.
Afirmó que colaboró activamente con la Fiscalía durante 20 meses y que su desvinculación del caso se dictaminó el 27 de noviembre último. No descartó que le ofrezcan un cargo en Itaipú o Yacyretá.
Al consultarle si se consideraba un perseguido político, dijo: “Desprecio a los políticos que escudan sus fechorías en la cuestión de la persecución política. Conozco a muchos de estos bandidos. En mi caso claramente ha sido una maniobra política para extorsionarme”.