Solicitan a la OEA anular el fallo del TSJE contra Lugo

Abogados del Frente Guasu presentaron ayer ante la oficina de la OEA en nuestro país un pedido de medidas cautelares a favor del senador Fernando Lugo porque creen que el exobispo está habilitado para volver a candidatarse a la Presidencia de la República. El TSJE opina diferente.

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La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue hecha por los abogados Fernando Beconi y Marcos Fariña y el senador del Frente Guasu (FG) Sixto Pereira. La solicitud que realizan es que la CIDH requiera al Estado paraguayo el levantamiento de los efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra Lugo para evitar un “daño irreparable” en su persona, violando la igualdad ante la ley, según dicen.

Igualmente, piden que requiera al Estado paraguayo a que adopte las medidas necesarias en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de proteger los derechos civiles y políticos. Señalan que esos derechos están garantizados por la Convención Interamericana de DD.HH. y también por la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de protección a los derechos civiles y políticos.

Entre los antecedentes citados en el escrito, los abogados mencionan “el golpe de Estado” de junio de 2012 contra el gobierno de Lugo. En realidad fue destituido vía juicio político por mal desempeño de sus funciones y como ya ocupó el cargo de jefe de Estado ya no puede volver a candidatarse al mismo cargo “en ningún caso”, como establece el artículo 229 de la Constitución Nacional.

A criterio de los luguistas, hay una campaña de “persecución político-ideológica” contra Lugo porque dicen que es el candidato de mayor preferencia. En ese marco, afirman que la denuncia presentada por el Partido Colorado ante el TSJE contra el legislador y la resolución de ese organismo en su contra por una supuesta “propaganda engañosa” persiguen “la muerte civil” del exobispo, pese a que ni siquiera estamos aún en un periodo de campaña electoral.

Señalan también que el fallo del TSJE pretende impedir inclusive el ejercicio de sus legítimos derechos.

El abogado Beconi indicó que esperaban que la CIDH les pueda conceder la suspensión de los efectos de la resolución adoptada por el TSJE. Destacó que no existe en este momento un periodo de calendario electoral y no se puede privar a Lugo de su derecho y obligación de estar en contacto con la ciudadanía.

Señaló que las medidas que solicitan son cautelares y de urgencia, ya que el fallo sobre la cuestión de fondo podría demorarse mucho. Beconi dio que tenían la esperanza de que la OEA se pronuncie, ya sea a favor o en contra de la petición, en un lapso relativamente breve entre febrero y marzo.

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