Sospechoso blanqueo de Contraloría a varios “peces gordos” investigados

La Contraloría General de la República, a cargo del abogado Enrique García, en dictámenes remitidos a la Fiscalía blanqueó a varios “peces gordos” investigados por enriquecimiento ilícito. Entre los favorecidos figuran políticos y aduaneros que acumularon fortuna en la función pública. García tiene pendiente un pedido de juicio político que está “congelado” en la Cámara de Senadores y fue imputado por uso de documento falso.

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El exsenador colorado y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher es uno de los beneficiados por el dictamen del órgano contralor, que señaló que hay correspondencia entre los ingresos y egresos del exlegislador que es indagado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos por la Fiscalía de Delitos Económicos.

La Contraloría habría omitido varios datos con respecto a los bienes del exparlamentario, para llegar así a una conclusión favorable al político. Sin embargo, los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, quienes indagan a González Daher y a su clan familia, por un movimiento supuestamente irregular de G. 8 billones durante el lapso de cinco años, solicitaron informes a varias instituciones ante el sospechoso dictamen de la Contraloría, que fue firmado por el propio García.

González Daher ya cuenta con una imputación por tráfico de influencias y otros delitos, cuando era titular del Jurado de Enjuiciamiento desde donde presionaba a jueces y fiscales, de acuerdo a audios filtrados y publicados a través de radio ABC Cardinal.

Zacarías

El criticado senador colorado y político de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, es otro de los beneficiados por el órgano contralor, que había informado al Ministerio Público “que si bien existe un incremento considerable entre la primera declaración jurada de bienes (G. 1.093 millones) y la tercera (G. 2.475 millones), teniendo un ingreso promedio de G. 340 millones, el aumento –sin embargo– se dio por la adquisición de inmuebles a través de una herencia familiar, para concluir que existe correspondencia patrimonial”. Con base a este documento y alegando la prescripción del hecho, la fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra el legislador colorado.

Aduaneros

Para la administración del contralor García, la fortuna de unos G. 4.600 millones que en 3 años acumuló en bienes el joven “mago” de las finanzas Luis Roberto Pintos se ajusta a sus ingresos.

La Contraloría reportó a fiscalía que existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos por Pintos. El ente de control validó “los otros ingresos” de unos G. 10 millones mensuales que el funcionario registró en su declaración jurada; sin embargo, este monto se sustenta en los negocios que el joven montó luego de ocupar la jefatura de Riesgos de Aduanas.

Así también, la Contraloría hizo caso omiso de que Pintos no haya reportado en su declaración jurada su cotizado spa y su propiedad de G. 800 millones en la ciudad de Atyrá a nombre de su esposa Nancy Chamorro, omisión penada por la ley. Sin embargo, el contralor García sí denunció al aduanero Julián Martí ante el Ministerio Público por no declarar la tenencia de un automóvil usado.

Desde que asumió como jefe en Aduanas, en 3 años, Pintos montó un spa, abrió una fábrica de hielo con G. 1.000 millones, compró vehículos por unos US$ 300.000, realiza costosos viajes de placer, etc.

Otro aduanero beneficiado es Elvis Carrera, que está imputado.

El extitular del Indert, Justo Cárdenas, investigado por enriquecimiento ilícito por la fiscala Natalia Fúster, también se jacta de que la Contraloría dijo que hay correspondencia entre sus ingresos y egresos.

Estos son apenas alguna muestra del sospechoso blanqueo del órgano contralor a funcionarios que supuestamente se enriquecieron en la función pública.

La acusación de Diputados

El Senado retiene el libelo acusatorio desde el 5 de julio, y se necesitan 30 senadores para destituir a García. Una de las causas del enjuiciamiento del contralor es no haber apelado el fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur. Además figura la autoasignación de viáticos para un viaje a Madrid, España, para participar de un evento que duró cuatro días. Otro cuestionamiento es la contratación de servicio de consultoría de su directora de Gabinete, Norma Martínez, por G. 108.000.000, para elaborar manual de funciones ya existente.

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