La denuncia del pago de indemnizaciones a supuestas víctimas e hijos de presuntas víctimas de la dictadura, con base en documentos adulterados y testigos falsos, salpicó directamente a Páez Monges. En la presentación ante el Ministerio Público, la señora Norma Irene Ferreira Barijho apuntó que pese al dictamen que advertía las falsificaciones, el defensor del Pueblo autorizó millonarios desembolsos.
Pese a que todos los indicios apuntaron a Páez Monges, este fue llamado a declarar como testigo. La fiscala Alcaraz no lo convocó a una indagatoria, que es lo que correspondía en el caso, según fuentes de la Defensoría del Pueblo.
Es más, en la resolución número 2 del 7 de mayo de 2015, mediante la cual la fiscala archivó la denuncia, defendió a Páez Monges. Dijo que el mismo “no causó un déficit al patrimonio del Estado”. Agregó que la obligación del alto funcionario era indemnizar a las víctimas e hijos de víctimas.
Sin embargo, en este caso se tiene que tener en cuenta que los que cobraron en total casi un millón de dólares, lo habrían hecho mediante la producción de documentos no auténticos y la declaración de testigos falsos. Así lo advirtió la Subdirección de Revisión de Documentos y pese a ello, Páez Monges abonó las indemnizaciones.
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Empero, para Alcaraz el entonces defensor del Pueblo no incurrió en la comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Documentos falsos
En cuanto a la producción de documentos no auténticos, la fiscala señaló que funcionarios de la Unidad fiscal a su cargo se trasladaron a la ciudad de Paraguarí, en donde entrevistaron a los beneficiados con las indemnizaciones.
Quince de los que cobraron dijeron que recibieron una llamada de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien les manifestó que encontraron documentos referentes a sus expedientes y que en el Archivo del Terror encontrarían más información.
La fiscala resaltó que se comprobó que los beneficiarios de las indemnizaciones utilizaron documento no auténtico ante la Defensoría del Pueblo.
“Sin embargo, todas las personas involucradas en la presente investigación no han tenido conocimiento de que esos documentos fueran auténticos o no, ya que obtuvieron del Museo del Terror y estos documentos fueron debidamente autenticados por el funcionario encargado; por lo que los denunciados no pudieron conocer la adulteración, ya que actuaron en la confianza de que fueran auténticos. Por lo tanto, no se puede afirmar el dolo”, señaló la fiscala.
Sin embargo, este argumento no resulta creíble, según indicaron las fuentes de la Defensoría del Pueblo.
El archivamiento de la denuncia habría posibilitado la prescripción de 22 de los 26 pagos irregulares denunciados, según las fuentes. Es decir, los involucrados en los hechos punibles ya no podrán ser sancionados.