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En julio del año pasado, García había recurrido ante la Corte contra dos fallos judiciales que le ordenaron entregar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Sin embargo, a casi un año de aquella presentación, ni siquiera está integrada la Sala Constitucional.
El ministro Antonio Fretes se había inhibido del caso, mientras que sus colegas, Miryam Peña y Gladys Bareiro fueron recusadas por el periodista Juan Carlos Lezcano, quien había recurrido a la justicia para tener acceso a las declaraciones juradas de actuales y exaltas autoridades de nuestro país.
La falta de integración de la Sala Constitucional, luego de casi un año de la acción que promovió García, genera sospechas y hace presumir que la Corte se presta a los políticos, quienes son los que más se niegan a que la Contraloría brinde los datos.
La semana pasada, el nuevo contralor Camilo Benítez, tomó intervención en el caso y urgió a la Corte para que impulse los trámites para integrar la Sala Constitucional.
Benítez explicó que es fundamental el fallo de la Corte, ya que existen leyes que se contraponen. Una, a favor de la transparencia y que ordena la entrega de informaciones públicas; y la otra que afirma que solo se pueden proveer con autorización de los afectados o por orden de un juez.
Los antecedentes revelan que los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander confirmaron en junio de 2018, la histórica sentencia que había dictado el entonces juez de primera instancia Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Lezcano, luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado, para conocer las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
El fallo que pueda dictar la Corte hace a la institucionalidad de la República. Sin embargo, ningún ministro mostró interés para que se impulse la acción, se pueda integrar la Sala Constitucional y posteriormente dictar sentencia en el caso.
Durante el desarrollo de las sesiones plenarias, como se puede ver, ya que son televisadas, los miembros del más alto tribunal nunca propusieron la necesidad de acelerar temas importantes como la acción promovida en contra de la transparencia y con la que se busca seguir ocultando la declaración de bienes de altos funcionarios, incluidos los integrantes de la Corte, presidida por Eugenio Jiménez Rolón.
La Asociación de Jueces del Paraguay, presidida por el camarista Delio Vera Navarro, había pedido a la Contraloría que entregue las declaraciones juradas de los socios de dicho gremio.
El nuevo contralor Camilo Benítez debería hacer publico los documentos referentes a los bienes de los magistrados, atendiendo que ellos mismos lo solicitaron. Este sería otro paso muy importante a favor de la transparencia en el país.