Tres oficiales de alta graduación están presos hace cuatro meses en la cárcel militar de Viñas Cue tras ser involucrados imprevistamente en un caso de desvío de unos 3.000 millones de guaraníes del dinero público detectado y denunciado por ellos mismos, en el Centro Financiero número 3 de la Armada Nacional.
Según los antecedentes, en agosto del 2014, poco después de asumir sus nuevas funciones el Cap. DEM José Lezcano, el Cap. DEM Favio Osmar Marecos y el Tte. de Fragata Gustavo Javier Velázquez solicitaron la realización de una auditoría interna en el Centro Financiero, ante indicios de desvío de fondos.
El informe de auditoría comprobó que funcionarios militares y civiles de la sección “Operación de carga de datos” duplicaban en el sistema el salario de algunas personas para posteriormente cobrar, entregar el sueldo a quien correspondía y quedarse con el monto agregado irregularmente.
Al menos 13 funcionarios, entre civiles y militares, llegaron a embolsarse ilegalmente entre el 2012 y 2014 la suma de G. 1.250 millones. También se detectó pago irregular en concepto de escolaridad por lo que el monto total con destino ilegal oscilaría los G. 3.000 millones. Lezcano señala en su declaración que en algunas planillas de pago su firma y la de sus colegas fue falsificada.
La auditoría fue elevada a Fuerzas Militares y esta remitió a Justicia Militar para investigar penalmente el caso.
Paralelamente, los oficiales presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra 13 funcionarios del Centro Financiero por el supuesto hecho de cobro indebido de honorarios, producción y uso de documento público de contenido falso.
En setiembre del 2015, los denunciantes fueron incluidos en el proceso, acusados de falsedad, malversación, defraudación y falta contra la disciplina militar.
El juicio estaría viciado de nulidad, según la defensa a cargo del abogado Christian Bazán. Gran parte de las irregularidades se cometieron antes de que Lezcano asumiera el cargo de director del Centro Financiero, y durante el proceso ni siquiera se permitió peritar las firmas en las planillas que los acusados dicen son falsificadas.