En agosto de 2016, un tribunal arbitral extrajudicial condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar la suma de 3,6 millones de dólares a la empresa verificadora de vehículos Ivesur por supuesto incumplimiento de contrato.
El intendente Mario Ferreiro (Avanza País) prometió apelar inmediatamente. Decía en aquel entonces que la Comuna no se puede permitir perder el pleito y que se recurriría a la justicia ordinaria.
El entonces asesor jurídico, hoy contralor José Enrique García, debía preparar la apelación.
Es así como, en octubre de ese año, supuestamente encargó a Rodolfo Duarte, un funcionario que apenas era un contratado para realizar tareas de ordenanza, presentar la apelación de la sentencia condenatoria y supuestamente este lo hizo el 6 de octubre, día que vencía el plazo, a las 11:20.
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Según declaró Duarte ante la Fiscalía, a la hora indicada se encontraba en el noveno piso de la torre vieja del Poder Judicial, donde se encuentra el Tribunal de Apelación en lo civil. Según afirmó, dejó el escrito y le pusieron el cargo de “recibido”, que mediante otra pericia el Ministerio Público confirmó que había sido fraguado.
Duarte declaró que después de presentar la apelación hizo otras diligencias en dependencias del Poder Judicial, lo que implica que tardó más para retirarse de tribunales.
Sin embargo, la pericia hecha a su celular reveló que a las 11:50 el funcionario ya estaba en la zona de la Municipalidad de Asunción, lo que ratifica las sospechas de que nunca habría estado en Tribunales y solo se falsificó el cargo en el escrito que certifica que supuestamente presentó la apelación.
Los investigadores afirman que es imposible que en menos de media hora Duarte haya llegado a la Comuna desde el Palacio de Justicia, que está en Sajonia, y además dijo que lo hizo en colectivo. Con este nuevo elemento que tiene la fiscalía, prácticamente se confirma que la Municipalidad asumió una actitud entreguista y ni siquiera apeló la condena.
Una gran repartija
Desde que asumió la administración municipal Mario Ferreiro y ubicó al frente de la asesoría jurídica al hoy contralor, José Enrique García, se dieron algunos pasos llamativos en la demanda de Ivesur contra la Municipalidad de Asunción que llevaron a pensar que se estaba gestando un gran negociado a costa del dinero de los contribuyentes.
La primera medida de Ferreiro fue apartar del caso al abogado Julio Samaniego, justo después de que este rechazara enérgicamente un pedido de aumento del monto reclamado por Ivesur, de US$ 9.000.000 a US$ 12.000.000. Documentos demostraron que había acuerdo previo de hasta cómo se va a repartir la plata.