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Suspenden a quienes apañaron a los protegidos de Ramírez Z.

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En víspera de Navidad, el titular de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, emitió varias resoluciones suspendiendo de sus cargos a aquellos funcionarios que fueron imputados por el supuesto delito en la expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Alberto Ramírez Zambonini también fue imputado por inducir a sus subordinados al cobro indebido en el ente.

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Bestard suspendió a Christian Raúl Bogado Caballero del cargo de director de Recursos Humanos. Según su declaración fiscal, recibía las planillas de asistencia de Clara Silveira, esposa de Juan Manuel Radice (amigo de Ramírez Z.) y Ana Arza, (suegra de Radice) que eran presentadas en RR.HH. en sobre cerrado, provenientes del despacho del ministro.

Bogado también testimonió que recibía instrucciones del despacho de Ramírez Z. a través del jefe de gabinete, Víctor Báez, para recibir la planilla de Clara Silveira.

También fue suspendida del cargo de supervisora de RR.HH. María Isabel Quintana Ríos. La mujer rubricaba con su firma las planillas de asistencia por disposición de Bogado y este a su vez recibía órdenes directas del jefe de gabinete de Ramírez Zambonini.

Bestard suspendió del cargo de Superintendente a Modesto Núñez, quien habría certificado con su firma las planillas de asistencia de Gloria María Paz Silveira, a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, y daba luz verde para que la funcionaria perciba honorarios por servicios no prestados a la institución.

Víctor Báez, jefe de gabinete de Ramírez Zambonini, también fue suspendido de su cargo. Báez habría certificado las planillas de asistencia de algunos meses de Luis María López Benítez, pese a que este no habría asistido a su lugar de trabajo, y consentir que el mismo perciba honorarios por servicios no prestados a la institución.

Las resoluciones de suspensiones firmadas por Bestard serían ilegales, según fuentes consultadas quienes afirman que se viola el derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y de la prelación de las leyes. Mencionan que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sanciona en forma anticipada a sus funcionarios, pese a no existir una condena firme y afecta a la presunción de inocencia debido a que se impide el ejercicio del cargo para los cuales fueron asignados. Añaden que podrían verse afectados los beneficios de pagos como la bonificación por responsabilidad. También que Bestard no tiene atribución para suspender ya que no se encuentra dentro de sus atribuciones.

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