Temen criminalización de la política con proyectos antievasión y lavado

El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) manifestó que el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, con normas contra la evasión y el lavado de activos, traerá un escenario de persecución y criminalización de la política. Indicó que dicha norma se aplica en países donde las agencias de control y el Poder Judicial hacen su trabajo y los mandatarios no presionan.

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El citado legislador, exasesor jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Horacio Cartes, expresó que la ampliación del Código Penal haría caer al Paraguay en un escenario de persecución y criminalización.

En un debate del tema, refirió que prefiere rechazar el paquete de proyectos presentado por el Poder Ejecutivo antes que dar estos instrumentos de criminalización de la política.

“No me voy a perdonar que la gente esté injustamente presa”, dijo en la última reunión entre parlamentarios, jueces y fiscales que estudian los proyectos de leyes presentados por recomendación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), órgano que crea la “Lista Gris” de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero.

Godoy afirmó que estas leyes vienen “enlatadas” de países en donde se dan circunstancias diferentes al Paraguay. Señaló que por un lado las agencias de control son casi independientes al poder de turno, mientras que en Paraguay “si no cumplís lo que te dice, te vas a tu casa”.

Por otro lado, destacó que en otras regiones se tiene un mejor sistema judicial. En cambio, a nivel local solo se le daría una variedad nueva de hechos punibles que sin la debida precisión desencadenará en la criminalización política.

Mañana, a las 8:00, en el Senado prosigue la reunión entre legisladores, jueces y agencias estatales y por ultima vez el 6 de mayo. El 7 de mayo el paquete de leyes será estudiado en el Senado.

ARP propone alternativa 

Por otro lado, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ratificó su rechazo a la “criminalización de las actuaciones administrativas” que traería el proyecto de ley que elimina la prejudicialidad, norma que exige dictámenes y resoluciones judiciales antes de una acusación de evasión.

La propuesta es sancionar un código tributario que mejore el derecho administrativo como opción para no recurrir al atajo de “criminalizar” las actuaciones administrativas, señaló el vicepresidente primero del gremio, Dr. Manuel Riera.

Argumentó que con el proyecto de ley en estudio en el Parlamento el juez penal no solo deberá valorar hechos sino hacer interpretaciones jurídicas de sistemas contables complejos y legislación específica, con principios y criterios ajenos al derecho penal, para los cuales no está debidamente formado.

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