“Tenemos una Corte Suprema sin cabeza y a la deriva...”

–Usted dijo en la audiencia que los ministros de la Corte se apartan del 70% de los casos que tienen entre manos. ¿Cómo es eso?

–Sí. Hace dos años que formo parte de la Cámara de Apelaciones. Estoy en la primera sala. Somos los primeros que recibimos los casos penales. Para nosotros es un problema real que los ministros se aparten sin fundamento, sin expresar las causas de su inhibición. Lo que hacen es una falta de respeto al justiciable. Eligen aleatoriamente las causas que quieren entender y las que no quieren entender. El cuello de botella es la Corte. Por eso vemos siempre que se integra con camaristas después de una cadena interminable de inhibiciones.

–¿Por eso los grandes casos no se resuelven? 

–Exactamente, por eso no se resuelven. Nosotros con el juez Pedro Mayor cuando llegamos a la cámara (de Apelación) lo primero que hicimos fue impugnar esas inhibiciones para que expliquen por qué se inhiben. Ellos tienen que exponerse ante la sociedad para que esta no deslegitime sus actuaciones como lo viene haciendo últimamente.

–En el caso Curuguaty, por ejemplo, caso clave, dejaron que resuelvan jueces de menor nivel...

–Al final resolvieron camaristas porque todos se inhibieron. Nunca explicaron por qué se inhibieron. Lo único que demuestran así es que son magistrados débiles de carácter. Se producen inhibiciones en cadena y en muchos casos terminan con la extinción porque no se pueden integrar los expedientes. La gente se olvida y termina con la extinción.

–¿Siempre esto pasa cuando hay mucho dinero en juego o el pellejo de un político corrupto? 

–Siempre sucede cuando hay políticos detrás o casos en que hay causas económicas, casualmente. Yo fui juez de Liquidación y Sentencia de Asunción. Les condené a aquellos banqueros que le dieron auxilio al Banco Central con dinero del IPS. Se condenó a siete, ocho años a la mayoría. El fallo nunca se confirmó ni se anuló. Se extinguió. Eso demuestra que efectivamente la cadena de inhibiciones provoca que las causas terminen.

–Se critica el sometimiento a la voluntad de los mandamases...

–Hasta ahora, la percepción del ciudadano común es esa...

–Por lo visto deja réditos. El hijo de un ministro de la Corte asumió este año como diputado, una hija de otro ministro es senadora... 

–Sí, es cierto. El hijo de (Sindulfo) Blanco es diputado por Central y la hija de (Óscar) Bajac es senadora (por Concepción). Efectivamente, es otro condimento para que la sociedad dude mucho de este poder del Estado. La gente no puede evitar preguntarse por qué tanta coincidencia. Blanco ya se lleva sus cosas. Torres Kirmser también se prepara para irse a comienzos del año que viene. Después le toca el turno a Miryam Peña y así...

–Un colegiado en retirada... 

–La palabra correcta es “en desbande”. La clase política tiene que intervenir en todo caso para que se reencauce la institucionalidad.

–¿Con el juicio político? 

–Como sea, con juicio político o con la jubilación anticipada. Hoy estamos sin cabeza. Todo lo que venga para mejorar va a venir bien. Hay ministros que están hace 10 a 12 años. Tuvieron suficiente tiempo para mostrar su voluntad de cambiar.

–No se cambió nada. Es evidente el cordón umbilical que une a los ministros con los padrinos. Son los que ponen, nombran, destituyen...

–En la audiencia pública de esta semana yo hablé de la feudalización del Poder Judicial, la repartija de feudos por parte de ministros de Corte. Eso incentiva que los políticos tengan más influencia...

–La “chicana”: ¿por qué tiene tanta vigencia? 

–La “chicana” no hace el que quiere sino el que puede. Eso también dije en la audiencia ante el Consejo de la Magistratura. Hay procesos que están congelados por años...

–¡El caso de tortura donde está acusado (el ex ministro del Interior) Walter Bower ya lleva 18 años! 

–Es la falta de castigo a los abogados que recurren a esas dilaciones. Son abogados con contacto en las más altas esferas de la política.

–Hay ministros que no faltan en grandes cuchipandas de políticos, como el cumpleaños de ese gerontócrata, Calé Galaverna...

–Tenemos muchos casos de magistrados que se exponen a la vulnerabilidad. Uno no puede estar mostrándose, participando de reuniones sociales exponiéndose al apriete de los políticos. Tiene que haber un margen de distanciamiento, de independencia...

–Si se muestran quiere decir que van a conseguir algo a cambio...

–Mucho también se debe a la conducta de los magistrados. Algunos llegan a ministros y se olvidan de servir sino de servirse. Llegan y se encierran como príncipes imperiales sin hacerse ver más. Qué se puede esperar que cambie nada. 

–¿El Jurado de Enjuiciamiento cumple su función?

–El 80% de los que integran el Jurado son políticos. De ocho miembros, seis son políticos. Hay dos senadores, dos diputados, un representante del gremio de los abogados, otro del Ejecutivo. Hay un representante de la Universidad Nacional y otro de la Católica. Cada uno responde a su gremio. Al responder a su gremio son parte de la política. Van y defienden sus intereses gremiales.

–También hay dos ministros de la Corte... 

–Ellos tampoco defienden a los magistrados. Eso yo les reclamaba a Torres Kirmser y Gladys Módica, que son los que deberían defender a los magistrados en el Jurado, y eso no sucede. Son los primeros que votan contra los magistrados.

–¿Por qué hacen eso? 

–Porque responden a los intereses de los políticos. Esa es la realidad. Conste que la misma Corte en pleno dijo que la ley del Jurado es inconstitucional. Planteó inclusive una acción de inconstitucionalidad. Ellos dicen que la investigación de oficio es inconstitucional, pero van al Jurado y aplican esa norma.

–¿Por qué no resuelven algo que ellos mismos plantearon? 

–Porque tienen miedo...

–Miedo del juicio político... 

–¿Se acuerda aquella vez que de un plumazo el Senado dejó afuera a siete ministros? 

–En la época de Nicanor... 

–No, en la época de Lugo, en el 2012. Fue después de una crisis que hubo en el Jurado...

–¿Aprendieron bien la lección? 

–Por lo visto, por eso no quisieron tocar el Jurado nunca más. Por eso callan y aplican una norma que ellos mismos consideran inconstitucional. Eso denota la perversidad del sistema. La Corte es la cabeza del Poder Judicial. Es la que tiene que dirigir ese poder del Estado. Es responsable de la depuración. Si la cabeza no funciona, no hay forma de cambiar. Cómo va a funcionar el cuerpo. Ahora mismo la Corte está a la deriva...

–¿Qué plantea usted para depurar el Poder Judicial? 

–Va a depender de quienes van a integrar la Corte a partir de ahora. Como órgano colegiado, todos los casos se deben recibir en juicio oral, en audiencia oral y a la luz pública. Es la única forma de devolver credibilidad a nuestra institución. Otro punto: el Poder Judicial es el único que no llama a concurso a sus funcionarios. Ellos contratan directamente, y eso no puede ser. Ahora mismo hay 12 mil funcionarios, y cada día crece más. Se crean circunscripciones sin necesidad, sin planificación.

–¿Qué haría usted para ventilar los casos de corrupción, como Argentina, Brasil, Perú? Solo en Paraguay no hay un político preso...

–Hay que cambiar la ley procesal penal, en el sentido de hacer que la casación se haga en audiencias orales y públicas, tanto en la cámara como en la Corte Suprema. La corrupción tiene que ser combatida con ejemplos. En países como los nuestros, con alta debilidad institucional, la fuerza moral debe venir de arriba hacia abajo. O sea, los ministros tienen que ser un ejemplo para sus funcionarios.

–Parecen reinas de un panal de abejas. No se los ve nunca... 

–Son como príncipes. Nadie conoce la cara de los ministros. Un derecho del justiciable es saber quién es el juez que le condenó o le absolvió. También necesitamos una herramienta fundamental para el combate de la corrupción. Es lo que se llama la delación premiada...

–¿Eso no existe? 

–Existe en Brasil y Argentina. Acá solamente se usa para combatir el narcotráfico. Hay que premiarle al que delata para llegar al núcleo de la delincuencia. Pero ¿quién va a colaborar si el colaborador sabe que también va a parar a la cárcel en la misma celda que el sospechoso? La delación premiada debe ser instrumento legal para la Fiscalía.

–¿Cuál es su opinión sobre la movilización ciudadana? 

–El mensaje es que las autoridades tienen que cuidar de sus actuaciones porque hoy la sociedad ya no se calla como antes cuando observaba pasiva las arbitrariedades que se cometen. Hay que admitir que hoy tenemos un despertar ciudadano que ya no permite que los responsables abusen. El funcionario sabe que se está robando en sus narices el dinero del pueblo pero no tiene ningún respaldo para denunciar el delito. No tiene apoyo para delatar y contar lo que sabe.

–¿Hacen falta movilizaciones para que se haga justicia?

–Eso es lo que tenemos que terminar: que la prensa o la ciudadanía tengan que empujar para que se muevan los casos.

–Lo que pasa es que no funciona la institucionalidad... 

–No funciona porque la cabeza es débil y tenemos que hacer algo y pronto para cambiar. Las manifestaciones de protesta y la justicia por mano propia, los juicios populares pueden terminar en choques de facciones y causar una tragedia. Los casos tienen que resolverse de acuerdo a la ley y en tiempo oportuno.

holazar@abc.com.py