En una audiencia de revisión de medidas realizada en la mañana de ayer y a la que Nancy Torreblanca acudió acompañada del abogado Carlos Neffa, la exsubcontralora solicitó al magistrado que dejara sin efecto la prohibición que tiene de ingresar a la Contraloría, a fin de retomar las funciones que ejercía antes de su enjuiciamiento.
Neffa explicó que Torreblanca tiene una antigüedad de 20 años en el ente estatal y que tras el escándalo renunció al cargo de subcontralora para evitar el juicio político y pidió permiso sin goce de sueldo para afrontar su proceso penal, y que ahora, apremiada por deudas, necesita trabajar nuevamente.
La fiscala de delitos económicos Victoria Acuña se opuso al levantamiento de la restricción, al argumentar que la investigación no ha concluido y que por lo tanto, existe peligro de obstrucción a la misma por parte de la rea. El jurista Neffa reaccionó indignado ante la postura de la fiscala y anunció que recurrirá la resolución.
“Verdaderamente me asombra la actitud de la fiscal que tuvo muy buena actuación en la Cajubi, pero parece que se le subieron los humos y ya perdió contacto con la humanidad”, expresó Neffa, quien adelantó que no descarta la posibilidad de accionar contra “los responsables por los daños ocasionados” a su cliente.
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“Pena anticipada”
El citado defensor dijo: “Yo solicité simplemente que se suprimiera la medida de prohibición de concurrir a la Contraloría de manera a que el día de mañana ella pueda reintegrarse como una funcionaria pública normal y perciba su sueldo de 2 o 3 millones. Hace seis meses que no cobra su sueldo, está por perder la casa, los hijos dejaron de estudiar. Eso es sinceramente, una pena anticipada”.
Torreblanca, quien se retiró del juzgado entre lágrimas, está procesada por estafa y cobro indebido de honorarios, al igual que el excontralor Óscar Rubén Velázquez y más de diez funcionarios del ente, por millonarios pagos a funcionarios del “primer anillo” en concepto de horas extraordinarias de trabajo que en realidad no existieron y por viáticos en días que no trabajaron.
Este proceso judicial quedó conocido como el caso de la secretaria “vip”, debido a que una de las beneficiadas con los pagos irregulares era la secretaria de Velázquez, Liz Paola Duarte, quien según los investigadores incluso llegó a cobrar por “cumplir” jornadas laborales de hasta 27 horas y cobró varios meses hasta 30 millones de guaraníes.
En esta causa, la Fiscalía solicitó prórroga para presentar requerimiento conclusivo y deberá hacerlo en junio del corriente año.