El funcionario dijo que en ocho o diez días culminaría la auditoría. Recordó que hace años se denunció ante la Fiscalía cobro indebido de víctimas de la dictadura (1954-1989) de G. 5.000 millones, pero que la misma se habría cajoneado en la Fiscalía General.
Al asumir el cargo, Godoy Servín denunció una serie de hechos irregularidades y de corrupción que encontró en la Defensoría del Pueblo, en la administración del saliente defensor, Manuel María Páez Monges, quien permaneció en el cargo de octubre de 2001 a octubre de 2016.
En el caso del cobro indebido de indemnización estatal a supuestas víctimas de la dictadura, nuestro diario había publicado en junio de 2011 serie de notas que referían que en la Defensoría del Pueblo se “fabrican” testigos y se falsifican firmas para hacer correr expedientes y así percibir millonarios montos. En el caso estuvo involucrada la secretaria privada de Páez Monges, Sonia Rolón. Tras la denuncia de los hechos solo fue trasladada de sección y el esquema de fraude habría seguido.