La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) suscribieron ayer un acuerdo de cooperación para controlar el financiamiento político en las elecciones generales.

Esto excluye el control al gasto en las internas partidarias, gracias al cartismo desde Diputados.

El citado acuerdo se enmarca en la actual reglamentación de la ley N° 4743/12. Básicamente, permite a la Seprelad, cuyo titular es el ministro secretario Óscar Boidanich, controlar las cuentas bancarias “únicas” que los partidos políticos están obligados a abrir en el Banco Nacional de Fomento (BNF) de ahora en más.

La reglamentación, texto elaborado por la consultora Mónica Pérez, extitular del BCP, también involucra a la Contraloría General de la República (CGR).

Cartistas, Rubin y Carísimo 

Esta reglamentación surge a siete meses de que la Cámara de Diputados iniciara su campaña para impedir a toda costa la ampliación del alcance de la Ley 4743/12 a las internas de los partidos políticos.

El 4 de julio de 2017, diputados cartistas, encabezados por Bernardo Villalba, legislador financiado por el narcotráficante Carlos Antonio Caballero alias Capilo, pidió elevar a casi G. 4.000 millones el tope de “aportes” a candidatos en campaña interna.

Un total de 21 diputados cartistas; el encuentrista Hugo Rubin, quien hoy busca la senaduría, y la liberal María Carísimo, respaldaron el plan cuyo objetivo real era retrasar al máximo el tratamiento de la ley para impedir su aprobación antes de la convocatoria a elecciones.

De esta manera se dio luz verde en las internas partidarias al dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilegales.

La ciudadanía indignada repudió la votación y varios diputados como Óscar Tuma (ANR), entonces aliado a Cartes, amenazó con impulsar leyes que regulen la publicidad política en medios de prensa. La ley sigue en estudio en la Cámara de Senadores.