La iniciativa del proyecto es de la bancada del Frente Guasu (FG) en la Cámara Alta, y plantea crear la comisión, la que estaría integrada por tres senadores y tres diputados.

La normativa, que debe contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso, establece también en su artículo 3° que la comisión, una vez instalada, tendrá 60 días corridos para la presentación de un informe sobre el cometido de sus funciones.

En los fundamentos de la presentación, los senadores del FG señalan que consideran necesaria la instalación de una CBI de este tipo dada la comisión en el Paraguay de múltiples hechos punibles, que han sido revelados a través de las investigaciones judiciales incipientes publicadas en los medios de prensa.

Destacan que estos hechos se originaron en actos trasnacionales conocidos popularmente como “investigación sobre derivaciones de hechos punibles en el Brasil, con repercusión en varios países, conocidos como Lava jato y lavado de dinero de Messer”.

Advierten que estos delitos trasnacionales podrían involucrar a altos funcionarios de Gobierno del Estado paraguayo, y también podría despojar de la imagen digna que todo Estado Nacional debería resguardar en el concierto de las naciones.