La resolución, firmada por los magistrados en lo civil Eusebio Melgarejo Coronel, Neri Villalba y Antonia López de Gómez como integrantes del Tribunal de Cuentas, 1ª sala, suspende los efectos de la resolución Nº 1.176 del 15 de junio pasado, dictada por la Cámara de Senadores.
El colegiado tomó la determinación tras hacer lugar a la petición radicada por los senadores oficialistas Juan Darío Monges, Lilian Samaniego, Mirtha Gusinky, Derlis Osorio, Carlos Núñez, Óscar González Daher, Luis Castiglioni, Nelson Aguinagalde, Julio Quiñónez, Julio Alfonso, Víctor Bogado y los oviedistas aliados, Jorge Oviedo Matto y José Manuel Bóveda.
Los recurrentes se oponen a que Bacchetta asuma la representación del Senado ante el Consejo de la Magistratura, por considerar dicha situación ilegal, pues ya lo había integrado el Consejo en dos ocasiones anteriores y el artículo 2 de la Ley 296/5 prohíbe un tercer mandato.
Bacchetta reconoció que se trataba de un tercer mandato, pero argumentó que en las dos ocasiones anteriores integró el Consejo en representación de los abogados y que era la primera vez que lo haría en representación del Senado.
“Se acredita la urgencia de la adopción de la medida, pues la cuestión trata sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, órgano constitucional con atribuciones fundamentales para el funcionamiento de la República, y los accionantes en su calidad de senadores de la Nación, se encuentran no solo legitimados sino obligados como miembros de uno de lo poderes del Estado al estricto cumplimiento de legalidad y ante la designación con apariencia de ilegalidad de un representante de la Honorable Cámara de Senadores ante el Consejo de la Magistratura, se vislumbra el peligro en la demora desde el momento que el designado se encuentra en condiciones de iniciar su mandato (...)”, argumentan los camaristas.
MÚLTIPLES RECUSACIONES
Los magistrados que integraron la sala del Tribunal de Cuentas que dictó la resolución que hace lugar a la medida cautelar dictada en la causa “Juan Darío Monges y otros contra la Resolución Nº 1176 del 15 de junio del 2016 de la Cámara de Senadores” no son miembros de dicha sala, sino de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial.
Esta situación es consecuencia de las múltiples recusaciones planteadas contra los magistrados que aceptaron intervenir, lo que produjo que luego de varios meses no se conformara la sala ni siquiera para resolver la medida cautelar. Mientras tanto, el Consejo ya lleva cuatro meses paralizado.