Los ocho partidos políticos en sus descargos pidieron la reconsideración de las irregularidades detectadas por la Contraloría General solo ante la Justicia Electoral. Todos con un mismo argumento afirman que los recibos comunes son documentos válidos.

La Contraloría objetó a la ANR la presentación y forma de algunos contenidos respaldatorios de gastos de campaña electoral. Pedro Alliana, titular de la ANR, mencionó en su descargo que los comprobantes de ventas objetados fueron para respaldar pagos varios y salidas de efectivos, incluyendo pagos de tesorería los cuales alcanzaron G. 9.586 millones.

Alliana pidió al TSJE que considere las aclaraciones y actúe de oficio “en vista de que la Contraloría no se ha expedido”. Así también, menciona que las elecciones municipales del 2015 constituyeron la primera experiencia en la aplicación de la Ley de Financiamiento Político, por la cual, según dice, surgieron divergencias en el proceso. También pidió la definición del tema de manera a dar por finiquitado el proceso de control y en consecuencia se dicte la resolución por la cual se determina el monto que corresponde de subsidio a la ANR. El Partido Colorado recibirá un pago parcial de 3.187 millones de los G. 9.000 millones que le tocará recibir.

Casi en el mismo tenor, el PLRA afirma que la utilización de recibos comunes durante la campaña fue para respaldar varios pagos que totalizaron G. 22.339 millones. Argumentan que tanto el Código Electoral como la Ley de Financiamiento Político contemplan los recibos comunes como documentos válidos.

“Esta ha sido la primera experiencia de implementación de la Ley 4743/12 y por ello creemos que es entendible que se puedan deslizar errores en el proceso”, señala parte del descargo firmado por el titular del PLRA, Efraín Alegre, y el tesorero, Salyn Buzarquis.

El PLRA recibirá un pago parcial de G. 2.257 millones de los 6.400 millones que le corresponde recibir en total.

Sin descargo

El Partido Unace ni siquiera remitió su descargo donde debía figurar la nómina de quienes fueron los tenedores de los G. 5.210 millones en bonos que se utilizaron en la campaña municipal. Solo se limitaron a enviar la carta compromiso donde se comprometían a cumplir con la Ley de Financiamiento. Los demás sectores se expidieron en el mismo sentido.