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TSJE dilapida dinero en modestas oficinas

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La Justicia Electoral gasta por año la sideral suma de G. 6.477.640.000 en alquilar modestas oficinas para el funcionamiento de registros, tribunales, juzgados y depósitos. Estos lugares en su mayoría sirven de refugio para mantener a operadores políticos. Los ministros recientemente habilitaron cinco oficinas más en Central.

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El Registro Electoral de San Roque en la ciudad de Asunción funciona en un garaje. Por alquilar el lugar, la Justicia Electoral paga mensualmente G. 3.940.000 y anualmente G. 47.280.000.

La “oficina externa” está ubicada en la calle República Francesa N° 784 estre Herminio Giménez y Adela Speratti del barrio Ciudad Nueva. Solo en el lugar figuran 90 operadores políticos.

El Registro Electoral de Luque es la “oficina externa” donde mayor cantidad de funcionarios a nivel país figuran. Allí están 201 operadores políticos. Funciona en una casa y su alquiler le cuesta al Estado la suma de G. 3.250.500 y anualmente G. 39.006.000.

El Registro Electoral de Quiindy funciona en una dependencia de la casa de la directora de Logística Electoral, Victorina Fretes Mora. La Justicia Electoral con dinero público paga por alquilar su casa la suma mensual de G. 1.773.000 y anualmente G. 21.2876.000.

En el local electoral figuran 16 personas, pero acostumbran acudir solo tres funcionarios en horas de la mañana. Allí, como en la mayoría de los Registros Electorales, también se habilita el doble turno.

El Registro Electoral de Limpio cuenta con dos salones y un tinglado. Pagar el alquiler de ese lugar le cuesta a los contribuyentes G. 2.955.000 mensuales y G. 35.460.000 anuales. Allí figuran 55 funcionarios.

Los ministros Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka recientemente habilitaron cinco oficinas más en Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Capiatá y San Lorenzo con la intención de descomprimir la cantidad de funcionarios que figuran en cada local.

La Justicia Electoral renovó por tercera vez el contrato con la empresa Naisal Negocios Inmobiliarios SA, representada por Ismael Hadid Florentín. El órgano electoral adjudicó a la empresa intermediaria más de G. 6.000 millones.

Apertura

La Dirección de Contrataciones Públicas abrió una investigación contra la funcionaria Fretes Mora que alquiló su casa a pesar de la prohibición.

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