El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a cargo de Jaime Bestard (ANR), es el único ente público que abiertamente comisiona funcionarios estatales a partidos políticos.
A enero de 2016, de un total de 312 comisionados en numerosos entes, 99 funcionarios son remitidos a diversas sedes partidarias. Estos partidos ya reciben millonarios subsidios y aportes estatales, para solventar gastos de campaña, capacitación de líderes y estructura administrativa. Sin embargo, también hacen que el TSJE pague a sus oficinistas y operadores.
El Unace tiene 15, el PLRA 10, el PEN 3, País Solidario 3, Patria Querida 1 y Frente Guasu, 1. Esto incluye las designaciones a la denominada “Dirección de Partidos y Movimientos Políticos”.
Pero la ANR recibe a un total de 65 funcionarios que en la práctica son operadores y oficinistas de la Junta de Gobierno que no realizan tarea alguna para la entidad de la que provienen (TSJE).
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Estos 65 empleados de la ANR pagados con el erario público representan un gasto de más de G. 193 millones al mes. Los salarios van desde los G. 2 a 6 millones.
Entre los sueldos más altos aparecen Irma Cubas de Pagliaro, quien tiene numerosos parientes ubicados en el TSJE y en Diputados.
Le sigue Carolina Mariel Hermosa, de la dirección de RR.HH. de la ANR, excandidata a miembro de la Junta de Gobierno por Boquerón y militante del entorno de Lilian Samaniego.
Otros en la lista son: María Griselda Brozzon (exadministración del partido), Iván Jiraseck (comunicaciones de la ANR) y Geremías Maldonado Rivas (exsecretario general del partido). Todos ellos son o fueron autoridades administrativas de la agrupación y actualmente siguen recibiendo un salario del Estado además de un plus de la ANR.
Solo en febrero último la Justicia Electoral desembolsó más de G. 6.308 millones en aporte estatal del 2015 a la ANR. Aún así quedó un saldo de 708 millones, según informes.
