Bestard calificó de barbaridad “endémica y estructural” al exceso de funcionarios planilleros en las oficinas del Registro Electoral a lo largo del país.
Sin embargo, remarcó que la ley obliga contar con una oficina de dicha dependencia en cada distrito, lo que suma 268 sedes.
“Sin ninguna duda, muchas de esas oficinas están absolutamente rebasadas. Por dar un ejemplo, el caso de Luque tiene 200 funcionarios, una barbaridad”, admitió Bestard.
Nuestro diario demostró que mientras en una pequeña oficina en el Barrio Sajonia de Asunción se apiñan 60 empleados sin tareas, en Luque, feudo de la familia colorada de los González Daher, hay 200 planilleros que no acuden a trabajar. En dicho grupo incluso aparecen 42 “guardias de seguridad”.
Interrogado sobre la falta de resultados en la depuración hacia los que cobran sin prestar servicios, Bestard planteó evasivas.
Dijo que hay contratados con estabilidad y que trabajan bien. Sin embargo, reconoció que es mucho más fácil desvincular a este grupo porque los “permanentes” judicializan sus despidos, tal como el caso de las planilleras vinculadas al liberal Manuel Radice.
Dijo también que no quiere repetir lo ocurrido con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, quien despidió a 570 y luego reincorporó a casi 200 personas.
“Hay que manejar con prudencia porque o si no perdés la demanda y hay que pagar los salarios caídos, las costas del juicio, una cantidad de cosas”, lamentó. Actualmente el TSJE tiene 4.500 empleados “permanentes” con derechos adquiridos.
Ante esta situación, anunció que firmará convenios con la Dirección de Registro Civil y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para reubicar a los empleados sobrantes, dentro de los límites de la ley.
Jornaleros muy caros
Bestard recordó que el TSJE contaba con 2.521 “contratados” pero este año se rescindió de 1.407 personas.
Sin embargo, la planilla oficial de contratados de enero, disponible en la web del TSJE, revela un total de 1.646 jornaleros en la actualidad. Esta cifra representa un costo mensual de G. 4.174 millones para el contribuyente.
En este grupo, la gran mayoría son operadores recomendados por políticos de turno, no obstante un selecto grupo recibe altas remuneraciones en este rubro.