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16 de Setiembre de 2018

| adquirirá 50 relojes biométricos por G. 1.000 millones

TSJE oculta planilleros pero compra marcador

Desde hace nueve meses la Justicia Electoral esconde su lista de miles de planilleros y se niega a divulgar la nómina de funcionarios contratados a lo largo del 2018. Sin embargo, gastará G. 1.000 millones en comprar 50 relojes marcadores biométricos para “controlar” a su personal.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuyo presidente es Jaime Bestard (ANR, cartista), adjudicó un contrato por G. 928 millones a la empresa Digital Telecom SA, cuya presentante es Sharon Hiebert Prieto.

El pago, supuestamente, cubrirá la compra de un sistema informático que incluye principalmente 50 relojes marcadores biométricos a ser distribuidos en sus sedes externas en Asunción y ciudades del departamento Central.

Actualmente, la sede principal del TSJE tiene un sistema mixto de planillas; marcadores a tarjetas y relojes biométricos para registrar la asistencia de sus empleados.

Sin embargo, en sus oficinas de Registros Electorales de todo el país, donde reina el descontrol, solo se firman planillas de asistencia y, con la complicidad de cada jefe de sede, se ocultan decenas de nombres de personas que no desempeñan función alguna.

Equipos 

Según el pliego de adjudicación divulgado en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cada reloj biométrico, de la marca China ANVIZ, costará G. 9.530.000.

Entre otros equipos, también se adquirirán 25 escritorios y 25 sillas giratorias, a G. 1.047.000 y G. 681.000 cada una, respectivamente.

Con esta adjudicación el TSJE busca “controlar” a su personal. Empero, la entidad es reconocida por encubrir a miles de planilleros, en su mayoría cupos de políticos.

Actualmente, el TSJE viola alevosamente la ley de Transparencia de Salarios y oculta la totalidad de los datos de su personal desde enero de 2018. De esa manera, mantuvo escondida la contratación de miles de planilleros durante la campaña electoral de abril de 2018.

Cristina Bogado, cómplice 

La entidad encargada de sancionar el no cumplimiento de la ley de libre acceso a la información pública es la Secretaría de la Función Pública, cuya titular Cristina Bogado, dirigente de la ANR, que incluso ordenó suspender la divulgación de informes de incumplimiento de julio y agosto. A esto se suma la falta de autoridad moral, ya que la hija de la nueva ministra secretaria consiguió un meteórico ascenso en el Ministerio de la Mujer.

 
 

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