El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que preside Jaime Bestard (ANR), logró que el Poder Ejecutivo y el Congreso le aprueben para el ejercicio fiscal 2016 un presupuesto global de G. 497.055 millones, cifra que equivale a más de 85 millones de dólares americanos.
De este monto, el 69%, más de 59 millones de dólares, se gastará en el rubro 100 de gastos personales, es decir, para mantener 4.500 funcionarios nombrados y 2.500 contratados. Estos últimos son en su mayoría operadores y planilleros ubicados por políticos de turno.
En los pasillos del TSJE se afirma que diputados y senadores reclaman cientos de cupos bajo amenazas de recortes presupuestarios. Ante esta situación, las autoridades hacen la vista gorda ante las contrataciones masivas y el despilfarro del erario público pagado por los contribuyentes.
Incluso, el vicepresidente del ente, Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), se encuentra imputado por aprobar pagos salariales de funcionarias que no acudían a trabajar en el organismo.
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En la modesta oficina del Registro Electoral del barrio Sajonia de Asunción, hay 60 funcionarios sin tareas, por lo que solo van a cumplir horario. Para disimular probablemente otros acuden con ropas de albañilería para realizar tareas de mantenimiento y pintura cuando reciben un sueldo por labores que no desempeñan.
En cambio, en la casa donde funciona el Registro Electoral de Luque figuran 220 funcionarios, aunque en dicha sede solo trabajan 15 personas. En la planilla de personal aparecen 42 guardias y 100 inscriptores.
Ante los últimos escándalos, el TSJE anuncia la implementación de la marcación de asistencia con reloj biométrico en su sede central y ordenó la marcación analógica a sus comisionados en otras instituciones.
Sin embargo, en unas 269 oficinas distritales en todo el país se siguen usando las planillas para marcar la supuesta “presencia”.