La jefa adjunta de la delegación europea hizo este llamado de atención ayer, durante la presentación de los 24 observadores europeos “de largo plazo” que partieron hacia todos los departamentos del país tras recibir una capacitación electoral. Este equipo permanecerá en Paraguay hasta el 15 de mayo. Se sumarán más observadores “de corto plazo” que llegarán al país el 17 de abril acompañados por seis miembros del Parlamento Europeo, elevando la cifra a más de 90 delegados el día de las elecciones generales del 22 de abril.
Marques dijo que la UE fue invitada por las autoridades nacionales. Recordó que en 2013 dejaron numerosas recomendaciones evaluadas en los comicios del 2015. Señaló que en materia legislativa prácticamente no hubo seguimiento a las recomendaciones.
“Hay un conjunto de recomendaciones en varias áreas que todavía siguen siendo válidas, ya que las autoridades paraguayas no han tomado medidas para implementarlas”, dijo.
Aclaró que no podía hacer una comparación de la situación en la actualidad, pero dijo que lo tendrán en cuenta en su próximo informe. Las recomendaciones
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Al revisar las observaciones del 2013, se resalta que el resultado fue que de las 49 recomendaciones que la UE entregó al Paraguay, para que varias instituciones se adecuaran como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Congreso Nacional, la Policía, el Poder Ejecutivo, entre otras, encontraron que 23 fueron ignoradas y gran parte aplicada en forma parcial.
La UE notó el nulo control que reciben y gastan los partidos políticos incluso pese a la vigencia de la Ley N° 4743/2012 de Financiamiento Político. Los europeos recomendaron endurecer los controles, pero el Parlamento rechazó aplicar la ley en estas internas.
La UE también pidió llamar a una enmienda constitucional solo para que el Legislativo equilibre sus atribuciones con los demás poderes, cosa que nunca pasó. El Senado quiso aprobar una enmienda para aprobar la reelección presidencial.
El bloque también notó que no existen jueces ni fiscales independientes ante el poder político y recomendó mejorar el sistema de elección y autonomía de los agentes del Ministerio Público.