Un año es la pena mínima por enriquecimiento ilícito

La Ley 2523 que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública, en su artículo 2° establece que la pena mínima para los procesados por este hecho punible es de un año de cárcel y la máxima de diez años.

Atendiendo lo señalado por la disposición legal, es imposible que aún se dé la libertad de algunos encausados como el exsenador colorado Óscar González Daher, el ex fiscal general Javier Díaz Verón, el extitular del Indert Justo Cárdenas y el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippman. Este último, a través de su abogado Álvaro Arias solicitó a la justicia que disponga su libertad plena (ahora guarda reclusión domiciliaria), ya que en enero de 2018 la fiscala Victoria Acuña pidió su prisión preventiva.

Posteriormente, Fernández Lippman obtuvo su reclusión domiciliaria gracias a una maniobra a la que se prestó Acuña, quien se allanó a un pedido de la defensa del exsecretario del Jurado, quien prometió “colaborar” con la fiscalía para el esclarecimiento de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento, en donde ya fue acusado Fernández Lippman junto a su exjefe y extitular de dicho órgano extrapoder González Daher.

Atendiendo lo establecido por la ley, los otros procesados por enriquecimiento ilícito como González Daher, Díaz Verón y Cárdenas deberán permanecer un año en prisión preventiva, para luego la justicia pueda disponer la libertad de los mismos.

González Daher está recluido en la Agrupación Especializada; Cárdenas en Tacumbú y Díaz Verón, en la cárcel militar de Viñas Cue.

Miguel Ángel Caballo, acusado por enriquecimiento ilícito, y supuesto testaferro del senador colorado, Víctor Bogado, fue uno de los favorecidos por la justicia, pese a la prohibición legal. El juez Tadeo Fernández había levantado su prisión alegando una pericia que decía que los ingresos y egresos de Carballo coincidían.

Según el Ministerio Público, existen suficientes elementos para sospechar que el “mecánico de oro” se enriqueció ilícitamente. Carballo compró un shopping por G. 1.900 millones, un departamento de G. 450 millones, una deuda a cobrar de US$ 300.000, además de venta de valores y divisas de su empresa Rocket y adquisiciones de vehículos de US$ 40.000.

Los funcionarios de Aduanas Luis Pintos Aguilera y Elvis Carrera Ríos son otros procesados por enriquecimiento ilícito, que pese a la disposición legal, no están presos, debido a un complaciente Ministerio Público. Ahora, la fiscala Susy Riquelme, pidió el sobreseimiento provisional. Alegó que faltan diligencias.

Según fuentes, personas cercanas a la fiscal general, Sandra Quinóñez, estarían operando para blanquear a los aduaneros, que tienen mucho poder económico.