Ernesto Benítez es un dirigente campesino que en junio de 2003 fue torturado por la Policía tras la represión a una protesta de productores de cedrón realizada en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) señala que el mismo había sido detenido y torturado por policías en la comisaría. En ese episodio, el labriego Eulalio Blanco fue ejecutado por la Policía, habiendo el Estado paraguayo aceptado hace poco tiempo su responsabilidad y ofrecido una reparación a su familia, dice el reporte.
Sin embargo, en el caso de Benítez se encuentra paralizado hace más de un año y desde entonces no ha tenido ninguna conversación con representantes del Estado, agrega la citada coordinadora. Expresa que los reclamos de reparación que realiza Benítez, incluyen un acto público donde las autoridades pidan disculpas por lo ocurrido, que se reabra la causa y sean procesados los responsables del operativo y una indemnización por los daños. El afectado sindica como responsables al fiscal Lucio Aguilera y al comisario Nery Calixto Vera. El superior zonal del Ministerio Público era entonces el actual senador Arnaldo Giuzzio (PDP). Recordó que desde el Estado le habían ofrecido una indemnización para poner punto final al caso y que se han cerrado a la posibilidad de reabrir la causa para someter a proceso al fiscal y los agentes policiales intervinientes.
Benítez pretende que los responsables de los hechos de tortura, que denuncia, reciban al menos una sanción simbólica.
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En el 2012, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un dictamen sosteniendo que en la actuación policial existió uso desproporcionado de la fuerza, que los culpables deben ser sancionados y que no se deben repetir este tipo de violaciones de derechos humanos en las intervenciones de los agentes del Estado de los países.