“Vamos a presentar urgimiento ante el fiscal general actual, para que se realicen ciertas diligencias que no se hicieron. Reiteraremos el pedido de la orden de allanamiento de las dos empresas: Canto Rodado y Salty River SA. Tasación de todos los inmuebles y muebles pertenecientes a la familia Díaz Verón”, dijo Roa.
La Coapy, representada por Roa y la abogada Kattya González, denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias a Díaz Verón en octubre del año pasado. Debido al poco avance en la investigación, las profesionales pidieron colaborar. Sin embargo, los agentes encargados alegaron que cuentan con suficiente funcionario para el trabajo y rechazaron la citada solicitud.
Ley Orgánica del Ministerio Público contempla en su título quinto que se podrá aceptar la colaboración voluntaria de personas u organizaciones que demuestren interés en participar en investigaciones de interés colectivo. Sin embargo, la solicitud de las abogadas fue denegada y el caso se maneja con reserva.
