La exfiscal –hoy juez– Claudia Criscioni tuvo a su cargo la investigación por la estafa de los 68.000 millones de guaraníes; la fiscal Alba Delvalle, por los 3.700 millones y la fiscal Victoria Acuña por los 35.000 millones. Las fiscales Criscioni y Delvalle encontraron documentos suficientes que comprometen al senador Cardozo. Pero la fiscal Acuña, aparentemente nada.
Este hecho llama poderosamente la atención porque, de acuerdo con las documentaciones y las denuncias de las víctimas, los estafadores obedecieron un mismo guión en todos los casos: Cardozo recibía el pedido de sus socios, firmaba la resolución de transferencia sin ninguna exigencia que la ley acuerda para estos casos, firmaba el cheque, se efectivizaba de inmediato con lo que el delito quedaba consumado. Los 68.000 millones de guaraníes tiene otro protagonista: Silvio Riveros.
En la intención de guardar las apariencias se cometía una nueva estafa como el siguiente caso, de los muchos:
Silvio Riveros, titular de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), pagó por “servicios de consultoría” a J.M. Auditores más de 800 millones de guaraníes.
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Se falsificaron la factura y la firma de la verdadera propietaria, Francisca Graciela Mereles Zorrilla. El documento adulterado se presentó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como “rendición de cuentas” para justificar el desvío de una gran parte de los 68.000 millones de guaraníes recibidos por la Federación para “ayudar” a los pequeños productores.
Existen dos facturas falsas de J.M. Auditores. Una de ellas es de 550.109.175 (quinientos cincuenta millones ciento nueve mil ciento setenta y cinco de guaraníes) y la otra por 298.330.000 (doscientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil guaraníes) correspondientes al supuesto pago por “la elaboración de proyectos y rendición de cuentas”.
Falsificación
En este caso, como en muchos otros, los responsables ni siquiera se preocuparon por guardar las formas. Falsificaron las facturas de una empresa que nada tiene que ver con la elaboración de proyectos para la ejecución de tareas agrícolas. En la factura se lee: “J.M. Auditores & Consultores Asociados - Asesores - Consultores - Auditores - Contadores”. Naturalmente, el Ministerio de Agricultura aceptó como rendición de cuentas tan burda maniobra y continuó desembolsando más y más dinero para la corrupción.
Con el requisito de la rendición de cuentas se dio “cumplimiento” al artículo 4 del Contrato de Prestación de Servicios que dice: “El presente contrato tendrá una vigencia de 60 días a partir de la firma del mismo hasta la finalización del proyecto y la correspondiente entrega de la rendición de cuentas en tiempo y firma a la Fenaprofhp”.
Esta “finalización del Proyecto” se entiende –se podría entender– hasta que se realizaran en su totalidad uno de ellos, o sea, los 23 ejecutados “de acuerdo al pedido realizado por los comités que se presentó a la Fenaprofhp”. Tiene que ver con la plantación de tomates, locotes, cebollas, etc.
Ignoramos cómo habrán tomado los productores tales proyectos concebidos por una contadora. Pero para fortuna de los agricultores y también para su desgracia, no existieron esos proyectos sino en los papeles para desviar el dinero público.
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