Se trata del proyecto de ley mediante el cual buscan que los funcionarios públicos afiliados a partidos políticos, ya sea que estén nombrados o contratados, no voten en las elecciones internas de sus respectivas agrupaciones políticas, buscando de esa forma evitar que los mismos actúen como operadores políticos. También establece sanciones para aquellos empleados que realicen proselitismo en sus respectivas carteras.
Para la aspirante a una banca en la Cámara Baja, esta medida sería cercenar el derecho a votar de los mismos, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda.
Citó además la Constitución Nacional, que señala el artículo N° 117 que los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen derecho a participar en los asuntos públicos, mientras que en el artículo N° 118 dispone que el sufragio “es un derecho, deber y función pública del elector”.
“No se pueden cercenar derechos en pos de buscar el saneamiento de la función pública sino que por el contrario, hay que seguir implementando mecanismos para dignificar al funcionariado público”, destacó Vallejos.
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Posteriormente apostó por enfatizar “en el ingreso por concursos de oposición debidamente fiscalizados, la capacitación del funcionario, la designación por méritos para ocupar un espacio”, y resaltó que todos estos elementos “son las herramientas adecuadas para impedir los viejos vicios que empañan la tarea de los servidores del Estado y que muchas veces, genera el rechazo de la ciudadanía”.
Otro punto que cuestionó la precandidata a diputada, es que la propuesta “no hace referencia a cómo se podría suspender un derecho consagrado a nivel constitucional sólo mediante la sanción de una ley”.