El titular de la entidad contralora, Enrique García, en la actualidad se encuentra imputado, tiene un pedido de juicio político aprobado en la Cámara de Diputados y se niega a cumplir una resolución de la Corte que lo obliga a hacer públicas las declaraciones juradas de los políticos.
Con el objetivo del cumplimiento del plazo para que todos los legisladores entreguen sus declaraciones juradas, la entidad contralora habilitó horarios especiales para la recepción de dichos documentos, que feneció ayer a las 12:00.
De acuerdo a fuentes de la institución contralora, hoy darían a conocer la estadística de cuántos legisladores salientes y entrantes presentaron sus respectivas declaraciones jurada de bienes.
De acuerdo con las publicaciones de la propia página web de la Contraloría General, hace al menos varios años que el ente de control no cumple con su rol de revisar la correspondencia entre los bienes de los funcionarios públicos y sus remuneraciones.
Una de las últimas publicaciones al respecto data del 2009, cuando denunciaron enriquecimientos alevosos de parlamentarios. Aún así, las autoridades del ente presentaron fuerte oposición a hacer públicas las declaraciones juradas, incluso ante la existencia de una sentencia judicial.