Ante la negativa del Consejo de proveer toda la información sobre el proceso de selección de candidatos a fiscal general del Estado, requerida a través del Portal Unificado de Acceso a la Información, los abogados Romy Fischer, Ezequiel Santagada y Marta Ferrara presentaron un amparo contra el Consejo de la Magistratura.
La petición está basada en el artículo 28 de la Constitución Nacional (del derecho a informarse), en la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Los recurrentes invocan, además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
“Nosotros hicimos un pedido de información el pasado 28, cumplido el plazo, nos respondieron y nosotros consideramos que no se ajusta a lo establecido por la ley, porque como se argumenta en el escrito, no existe ninguna ley de la República que en forma expresa califique la información que solicitamos como secreto reservado en todos sus aspectos. Esta es la respuesta que nos dieron y que consideramos que menoscaba en forma manifiesta e ilegítima nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional en su artículo 28 de acceder a la información que obra en poder del Estado”, explicó Marta Ferrara.
El artículo 28 de la CN dice textualmente: “Del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo (…)”.
Datos ocultados
“De los siete puntos nos entregaron simplemente el acta donde estaban los tres ternados y los puntajes de ellos. No nos dieron el perfil del candidato, no nos dieron la resolución, la opinión del Tribunal de Honor sobre estos candidatos, no nos dieron los test psicotécnicos y tampoco nos dieron información de respaldo sobre los gastos que realizaron en el proceso de selección”, agregó Santagada.
El recurso, radicado con el patrocinio de los abogados María Jesús Bogado de Schubeius, María Victoria Rivas, Iván Rodrigo Medina González y Juan Pablo Fernández Bogado, fue derivado al juzgado en lo civil y comercial a cargo de la jueza Karen González.
Finalmente, los amparistas piden que se ordene al Consejo entregarles o publicar en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública todos los datos requeridos.
RECURSOS EN CIERNES
La titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Kattya González, anunció la presentación de un recurso de amparo ante la negativa parcial del Consejo de la Magistratura de proporcionar informes a la ciudadanía sobre el proceso de elaboración de la terna para la Fiscalía General.
A su vez, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, presentará una reconsideración contra la negativa. La Federación de Abogados del Paraguay, que también pidió los datos, estudia las acciones a presentar.