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El viceministro del Interior admitió indirectamente ayer que equipos de escuchas telefónicas fueron instalados en Copaco y que estarán bajo control del Ministerio. Aseguró que operarán con autorización judicial para cada caso.
Carmelo Caballero, viceministro del Interior, indirectamente reconoció que equipos de escuchas telefónicas están instalados en Copaco bajo control directo del Ministerio.
Caballero, consultado sobre los equipos de escucha instalados en la telefónica controlados por el Estado, se excusó por seguridad de dar una respuesta directa, pero indicó que "los organismos de seguridad en todo el mundo cuentan con tecnología que van cambiando y no toda la tecnología es socializada". Esto es así "porque el Estado tiene la misión de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, los enemigos son los grupos delincuenciales", remarcó, con la aclaración de que era todo lo que podía indicar.
Sin embargo, posteriormente, al ser consultado sobre el uso de los equipos, aseguró que no estarán operativos en todo momento, sino utilizados para determinados casos que sean investigados por la justicia. Además, aseguró que cada escucha contará con la debida autorización judicial, tal como mandan las leyes. Enfatizó en que el proceso podrá ser verificado en todo momento.
Al se consultado de cómo podría asegurar que los equipos no sean utilizados para fines políticos, como ya ocurrió durante gobiernos anteriores, Caballero insistió en que todo el proceso podrá ser verificado y aclaró que todos los funcionarios que se encargarán de la nueva tecnología están siendo sometidos al polígrafo.
No obstante, admitió que es necesaria una depuración en los organismos de seguridad y aclaró que ese proceso está en marcha.
Se compró el año pasado
En diciembre del año pasado el diputado colorado Víctor Bogado exhibió ante el pleno de la Cámara documentos que revelaban que el Ministerio del Interior acordó el 1 de octubre de ese año la compra directa de un equipo de escucha telefónica, GI2M Bidi, por 5.250 millones de guaraníes.
La orden 183 del Ministerio del Interior, exhibida ante el pleno, revelaba que el acuerdo de compra fue acercado el 1 de octubre por la firma SG SRL, propiedad de Guillermo Páez Gueyraud y Leonildo Grosso. Mediante la resolución 420 del Ministerio del Interior el 16 de octubre se autorizó a iniciar las gestiones de compra directa a la mencionada firma.