Víctor Bogado traba su caso penal hace dos años

Este 4 de junio se cumplen dos años de la acusación que la fiscalía presentó contra el senador colorado Víctor Bogado, por la comisión de cobro indebido de honorarios y estafa, en el caso conocido como el de la “niñera de oro”. Sin embargo, hasta ahora no se pudo definir en una audiencia preliminar si el legislador afrontará o no juicio oral, debido a las numerosas chicanas promovidas ante magistrados complacientes que se prestan a la maniobra.

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El Tribunal de Apelaciones Tercera Sala, integrado por Carlos Ortiz Barrios, Pedro Mayor Martínez y Cristóbal Sánchez, tiene que resolver si el proceso penal abierto al senador Bogado queda a cargo del juez Óscar Delgado o su colega Griselda Caballero. Esta última el 25 de abril pasado impugnó la inhibición del primero y envió el expediente a la Cámara, cuyos miembros deben expedirse sobre el dilatado proceso al legislador.

Bogado fue acusado el 4 de junio de 2014 por el Ministerio Público por hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa. Desde esa fecha no se definió aún si debe afrontar o no juicio oral y público junto a su exniñera Gabriela Quintana y Miguel Pérez Núñez, su exjefe de gabinete cuando era presidente de Diputados.

A lo largo del proceso los acusados se turnaron para presentar incidentes dilatorios (ver infografía). Pese a ello nunca fueron sancionados por los jueces, que ignoraron la acordada de la Corte que castiga el ejercicio abusivo del derecho.

Bogado incluso fue favorecido por los camaristas Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Mirta González de Caballero, quienes anularon la resolución del juez Julián López que en diciembre de 2014 envió a los acusados a juicio oral.

Cuando el expediente bajó a primera instancia el magistrado López se apartó del proceso y el caso quedó a cargo de Óscar Delgado, que posteriormente se inhibió del caso y colaboró para la dilación del proceso penal.

La acusación del Ministerio Público refiere que Gabriela Quintana Venialgo estuvo contratada por la Cámara de Diputados. Luego el 17 de febrero de 2010 fue nombrada con una remuneración mensual de G. 13.237.400.

Según la fiscalía, Bogado logró el 4 de marzo de 2013 que su exniñera también sea contratada en la Itaipú con un sueldo de G. 8.739.300.

La contratación y percepción de doble remuneración fue posible porque Bogado, como titular de la Cámara Baja, solicitó al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia, que la funcionaria de la binacional Gabriela Quintana sea comisionada a Diputados. El total del cobro indebido fue de G. 71 millones.

La Cámara alegó que el juez López elevó el caso a juicio luego de 5 días de haber culminado la diligencia, cuando debió hacerlo inmediatamente.

Para lograr la suspensión de la preliminar el senador colorado incluso presentó un certificado médico. De esta manera eludió a la justicia.

El Ministerio Público asegura que existen numerosas pruebas que comprometen a Bogado y que el caso se tiene que debatir en un juicio oral.

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