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Setiembre de 2015. Un cargamento de 200 kilogramos de cocaína fue incautado por efectivos de la Policía en las afueras de Ybycuí, cerca del lugar donde nació Bernardino Caballero. Durante el procedimiento fueron detenidas inicialmente cuatro personas. Los agentes secuestraron además una avioneta y un automóvil.
En medio del procedimiento aparecieron Isabelino Sosa Farías (49) y Modesto Ramón Sosa Farías (33), quienes se presentaron como abogados de los sospechosos y también quedaron detenidos.
Según las publicaciones periodísticas, los hermanos Sosa Farías ofrecieron dinero a los efectivos policiales para que devolvieran el cargamento de cocaína incautado, liberaran detenidos y omitieran el procedimiento policial para que el caso no llegase a estrados judiciales.
El comisario Héctor Amarilla, entonces jefe de Orden y Seguridad del Departamento de Paraguarí, relató que los Sosa Farías primero ofrecieron a un suboficial de nombre Eugenio Franco una coima de G. 150 millones. Cuando no consiguieron respuestas positivas, ofrecieron al mismo Amarilla la suma de US$ 100.000. En algún momento llegaron a decirle que “pida lo que quiera”.
Fueron imputados por soborno agravado y violación de la Ley Antidrogas.
Alto cargo en la CGR
Hoy, casi tres años más tarde, Modesto ocupa un cargo clave en la Contraloría General de la República (CGR). Según confirmaron fuentes de la institución, este abogado de 36 años fue asignado recientemente al cargo de Director de Correspondencia. Es decir, es el encargado de controlar si lo que presentan los funcionarios públicos en sus Declaraciones Juradas de bienes y renta condice con lo que perciben mensualmente.
Modesto Ramón Sosa Farías figura como asesor jurídico en la nómina de funcionarios que publica la CGR en su página web. Percibe mensualmente, siempre según los datos de la propia CGR, una remuneración total de G. 12.163.554.
Años sin dictámenes
De acuerdo a las publicaciones de la propia página web de la Contraloría, hace al menos varios años que el ente de control no cumple con su rol de revisar la correspondencia entre los bienes de los funcionarios públicos y sus remuneraciones.
Una de las últimas publicaciones al respecto data del 2009, cuando denunciaron enriquecimientos alevosos. Aún así, las autoridades del ente presentaron fuerte oposición a hacer públicas las declaraciones juradas, incluso a pesar de una sentencia judicial.
Cambios a las apuradas
Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color aseguran que en los últimos días se habrían registrado cambios a las apuradas en las declaraciones juradas de algunos funcionarios públicos luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia que obliga a la CGR a hacer pública esa información. Al ente le quedan 55 días para entregar los datos, un plazo que algunos estarían utilizando a su favor.