Violan derechos humanos de mujeres procesadas por aborto

Este viernes 14 de febrero, a las 19:30, en el local de La Serafina, Espacio Cultural Feminista (Eligio Ayala 907 casi Tacuary), será presentada la investigación “Aborto, sistema penal y derechos humanos de las mujeres”, trabajo realizado por Clyde Soto y Mirta Moragas Mereles, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de redes en derechos humanos”.

El proyecto fue cofinanciado por Diakonia y la Unión Europea e implementado por Diakonia y las organizaciones socias Codehupy, Base IS, Tierraviva, Fundación Celestina Pérez de Almada y el Centro de Documentación y Estudios.

“La investigación analizó violaciones de derechos humanos a mujeres procesadas por aborto a partir del análisis de expedientes judiciales. Las mujeres fueron víctimas de procedimientos injustos, y en varios casos fueron obligadas a prestar declaración en estado de convalecencia. Los procedimientos se basaron únicamente en las declaraciones de médicos y médicas, lo que está prohibido por el Código Procesal Penal, por lo cual esas pruebas, y por tanto el proceso, debieron anularse”.

“Estamos ante una doble violación de derechos humanos, la primera al restringir el derecho de las mujeres a acceder a procedimientos de salud en condiciones seguras, lo que pone en peligro sus vidas.

Quienes llegan a los centros de salud son las mujeres que presentan complicaciones por procedimientos riesgosos a causa de la penalización”, dice.

“La segunda discriminación se da en el trato que reciben en el sistema penal, que las somete a un proceso prácticamente extorsivo, ya que no reúnen, en los casos analizados, los requisitos mínimos para que puedan considerarse procesos justos”, indicó Mirta Moragas.

Paraguay ha sido observado en numerosas ocasiones por comités de Naciones Unidas por la penalización del aborto casi sin excepciones y la falta de confidencialidad de las y los profesionales de la salud. Esto expone a Paraguay a recibir sanciones a nivel internacional por su falta de cumplimiento de los estándares de DD.HH. que se encuentran en instrumentos que ha ratificado y que son obligatorios.